El Ejecutivo ya inició los trámites para la instalación de una mesa de trabajo que compense el veto de Santiago Peña al proyecto que evitaba que las instituciones eludieran a la Contraloría mandando sus rendiciones de gastos al Tribunal de Cuentas.

Ambas instituciones deberán rearmar una norma para remitirla al Congreso para que puedan coexistir en la tarea de auditar cuentas, como se señala en el decreto del presidente que vetaba la iniciativa inicial.

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Sin embargo, el contralor Camilo Benítez afirmó que para él la situación es clara. La Constitución del 92 le quitó la función al Tribunal de aprobar cuentas, pero decidió ceder ante lo resuelto por la Sala Constitucional que, con los miembros actuales, reivindica la competencia del tribunal para juzgar la administración pública.

César Diesel, titular de la Corte Suprema, y el presidente Santiago Peña. 

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Este es el gran problema. Las instituciones recurren a la Corte Suprema para evitar ser controladas por la Contraloría y la Corte sale a su favor, derivando los informes al Tribunal de Cuentas. Por ese motivo se presentó la ley, que salvaba la situación delimitando funciones para ambos entes.

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Benítez adelantó que está dispuesto a aceptar un nuevo proyecto, pero bajo la condición de que contenga un artículo que disponga que el tribunal aprobará las cuentas de inversión con una auditoría, revisión o fiscalización de la Contraloría previamente. "Este debe ser un requisito indispensable. Yo no tengo problemas de apoyar. Ojalá se pueda acordar eso porque el cuestionamiento justamente es que la gente que envía sus documentos al tribunal, es precisamente para eludir a la Contraloría", explicó a LPO. 

Ambas instituciones pueden coexistir, es verdad, pero eso exigiría un compromiso muy importante del Poder Judicial en cuanto a la transparencia de sus propios recursos

Cuando Peña vetó la ley hizo una concesión a la Corte, que recientemente ubicó como juez en el tribunal a César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, César Diesel.

Con el veto, Peña evitó confrontar a toda una estructura que administra los recursos públicos de manera dudosa y evita al ente contralor. Benítez reconoció que ambas instituciones pueden coexistir, aunque bajo la condición de que también la Corte haga su parte. "Ambas instituciones pueden coexistir, es verdad, pero eso exigiría un compromiso muy importante del Poder Judicial en cuanto a la transparencia de sus propios recursos", sentenció el contralor.