El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York hizo pública su preocupación por la aprobación de la ley anti ONG en Paraguay porque consideró que pondrá en peligro derechos fundamentales de aquellos grupos de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos. El comunicado de la organización suma presión desde el exterior y el presidente Santiago Peña aún se debate entre promulgar o vetar la legislación.
La ley que busca controlar y regular a las organizaciones no gubernamentales está en el despacho de Peña, luego de haber conseguido luz verde en ambas cámaras del Congreso. El proyecto incluyó atenuantes, un pedido expreso del Ejecutivo para rebajar las crÃticas internas y externas y, a su vez, contener a los sectores más duros del cartismo.
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El Colegio de Abogados de Nueva York aseguró que en caso de que Peña promulgue la ley se obstaculizarÃa el trabajo de las organizaciones de numerosas maneras y terminarÃa por desalentar la cooperación y las alianzas internacionales. La norma, incluso, podrÃa redundar en la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y privacidad que están protegidos por tratados multilaterales.
No es la primera vez que una organización extranjera se hace eco de la ley. Gina Romero, relatora de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, habÃa solicitado a Peña que revirtiera su postura abierta a favor del proyecto, que de alguna manera limitó en sus atribuciones al sacar a las agencias de cooperación internacional, las organizaciones religiosas, los partidos polÃticos y los clubes de fútbol, por presión del Gobierno.
En lÃneas generales, el proyecto de ley indica que las ONG deben enviar reportes semestralmente, incluyendo información de sus aportantes, directivos, trabajadores y otros datos. La legislación establece que toda organización civil que busque influir en polÃticas públicas debe ajustarse a la norma que todavÃa duerme en el escritorio del presidente.
El Colegio de Abogados de Nueva York apuntó que el texto aprobado por el Congreso no es claro cuando se refiere a la posibilidad de incidir en temas relacionados con la administración del Estado, y que su ambigüedad deja la interpretación abierta para que los órganos de control actúen de manera arbitraria.
Asimismo, la iniciativa tampoco define en concreto lo que serÃa una infracción. Por ejemplo, el artÃculo 8 de la ley exige un "registro detallado" de los fondos sin aclarar qué información especÃfica debe registrarse. Además, el artÃculo 14 prevé sanciones para las entidades u organizaciones que influyan en una ONG que infrinja la legislación, sin definir cómo se darÃa esa influencia.
En su escrito, el Colegio de Abogados de Nueva York recordó que el Comité de Derechos Humanos afirma sistemáticamente en su jurisprudencia y orientaciones que una restricción del derecho a la libertad de asociación solo puede justificarse si cumple acumulativamente las siguientes condiciones: restricciones previstas por la ley, responder a un propósito claro y ser necesarias en una sociedad democrática.
Las dudas que tiene Peña sobre su postura final no excluye la posibilidad de que el Congreso vuelva a tener que estudiar la iniciativa para bajarle el tono. Uno de los principales lobistas de la ley es Gustavo Leite, actualmente miembro de la CBI antilavado. El senador está en el ojo de la tormenta por un supuesto hecho de tráfico de influencias tras impulsar medidas favorables a una empresa azucarera, lo que estarÃa siendo utilizado como cortina de humo.
Pero al Gobierno también le preocupa su imagen internacional. En un intento de exponerlo, el diputado abdista Mauricio EspÃnola apuró a Rubén RamÃrez Lezcano para que defienda la ley en el Congreso. El canciller está en plena campaña para vender su candidatura a la secretarÃa general de la OEA, pero las polÃticas del sector más radicalizado de la ANR amenaza sus planes, que son también los del presidente.
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