La USAID cumplió una intensa agenda en Paraguay como señal polÃtica de apoyo a las organizaciones no gubernamentales y como posicionamiento en contra de la ley de control de agentes extranjeros que impulsa el cartismo fuertemente y en escalada.
Shannon Green, administradora asistente de esta agencia de desarrollo de Estados Unidos, que también está en la mira de la comisión de investigación y del proyecto contra las ONG, se reunió con actores de la sociedad civil para seguir impulsando la participación ciudadana y el combate a la corrupción. "Con orgullo y compromiso, USAID apoya el trabajo de la sociedad civil siguiendo estos principios", remató la embajada de EEUU en Paraguay desde las redes sociales.
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Pero Green no se limitó a dialogar con las organizaciones. La señal polÃtica que intentó reflejar fue todavÃa más directa y un dÃa antes visitó a los ministros de Tribunal Superior de Justicia Electoral, entre ellos César Rossel, para reafirmar el apoyo de USAID a la prevención de flujos financieros ilÃcitos en elecciones y procesos polÃticos de Paraguay.
USAID es una de las mayores cooperantes de la sociedad civil y de ciertas instituciones estatales. La CBI solicitó informes a diversas organizaciones que recibieron fondos de esta agencia.
La visita de Green se da en medio del avance de la ley de control a las ONG, que ahora pasó al Senado, y el cuestionado accionar de la comisión antilavado. Dionisio Amarilla y Gustavo Leite son los impulsores de la investigación y anunciaron este jueves que todas las organizaciones que no respondieron serÃan ultimadas vÃa judicial, entre ellas el Centro de Estudios Judiciales, Semillas para la Democracia, el CIRD y Consulting. También al estudio jurÃdico Colab, que no recoció la legalidad de la CBI y rechazó sus pedidos de informe.
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La avanzada de la CBI es una decisión polÃtica de sus miembros pese a la filtración de un audio de Gustavo Leite en el que reconoce la inconstitucionalidad de la ley aprobada en Diputados y a las publicaciones que revelan que tanto él como su esposa también son dueños de ONG y reciben fondos de Itaipú y de Tabesa, empresa sancionada por Estados Unidos.
La embajada de EEUU ya hizo coincidir el martes con el estudio de la ley la presencia en Paraguay de Green, y se reunió con el contralor general Camilo BenÃtez y con miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La normativa es contraria a la recomendación de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), al que el canciller Rubén RamÃrez apunta a liderar, que advirtió sobre la hostilidad de las narrativas en torno a esta iniciativa y a las consecuencias nocivas sobre el activismo público. Santiago Peña intentó suavizar el proyecto pero igualmente sigue siendo cuestionado por los excesivos controles incluso a fondos privados.
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