Los sindicatos de funcionarios públicos y docentes están preocupados por el avance del proyecto de ley del servicio civil, al que calificaron de una "copia burda" de las medidas impulsadas por el presidente argentino Javier Milei, que lo único que hará es recortar los derechos de los trabajadores. 

Su tratamiento en el Senado está previsto para la segunda semana de noviembre y los gremios preparan una movilización a nivel nacional. Los miembros de algunas organizaciones de funcionarios públicos intentaron reunirse el jueves con el senador Silvio "Beto" Ovelar y el titular del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, pero no fueron recibidos.

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Sin embargo, el Congreso convocó para el lunes a las partes afectadas para discutir los tres proyectos de los que saldrá el borrador que deberán tratar los parlamentarios. El Gobierno de Santiago Peña quiere reformar la ley 1626/2000 para regular la carrera del servidor público, que alcanzará a las instituciones que están bajo la órbita del Poder Ejecutivo.

Los sindicatos pidieron revisar nueve puntos del proyecto original que impulsa el Ministerio de Economía, pero la cartera a cargo de Carlos Fernández Valdovinos acercó al Congreso unas once modificaciones, lo que generó dudas entre los gremios docentes y de funcionarios sobre un posible retroceso en los derechos laborales adquiridos -como la antigüedad y la libertad sindical, por ejemplo- ya en marcha.

El senador Silvio "Beto" Ovelar. 

Para las organizaciones sindicales existe una clara intención del Gobierno de ir por los 70 mil contratados, algunos con antigüedad, que sobreviven en la función pública desde la época de Mario Abdo Benítez. El principal argumento es la necesidad de achicar el Estado mientras se hace la vista gorda con los parientes y allegados de diputados y senadores, como quedó en evidencia con los casos de los "nepo babies" y aquellos que acaban de entrar al Congreso gracias a las gestiones de Bachi.

La herramienta clave que contempla Economía para la poda completa de los funcionarios sería la aplicación de los exámenes de conocimiento, lo que permitiría despedir a cualquier empleado de forma legal y sin compromiso de pago de indemnización.

Economía quiere tener el manejo absoluto de poder despedir a funcionarios con antigüedad si no llegan a pasar dos exámenes de capacidad. Nosotros no lo vamos a permitir. Los docentes hoy ya están sufriendo un anticipo de esa medida, que son las pruebas de conocimiento para el banco de datos

El plan se estaría cumpliendo, de acuerdo a los detractores de la legislación que empuja Valdivinos, y un ejemplo de ello es el aplazo del 70% de los 11 mil maestros que se presentaron a la tercera fase de las pruebas para registrarse en la base de datos. Esta situación puso en alerta a los docentes, enfrentados al ministro de Educación, Luis Ramírez.

"Economía quiere tener el manejo absoluto de poder despedir a funcionarios con antigüedad si no llegan a pasar dos exámenes de capacidad. Nosotros no lo vamos a permitir. Los docentes hoy ya están sufriendo un anticipo de esa medida, que son las pruebas de conocimiento para el banco de datos", dijo Rubén Irala, presidente del Sindicato de Funcionarios y Empleados del MEC (Sifemec). 

Basilio "Bachi" Núñez, presidente del Congreso.

Agencia IP

Los educadores dicen que la intención del Viceministerio de Capital Humano, dependiente de Economía, pasa por atacar el carácter de la educación como un servicio público, amparado en el artículo 101 de la Constitución, y "mercantilizar" el sistema. El proyecto, destacan, debilitaría el poder de convocatoria de los gremios para elegir a sus autoridades y sacaría la potestad de los docentes y médicos para llamar a huelga por representar servicios imprescindibles.

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De acuerdo a los últimos datos, la planilla de funcionarios en la administración central, entes descentralizados y universidades nacionales alcanza los 320.000. Los funcionarios del Ministerio de Educación suman 96.000, siendo la principal fuerza estatal (y también electoral). Las universidades cuentan con 42.000, el Ministerio del Interior, con 35.000, y el Ministerio de Salud, con 31.000.