Sindicalistas de la Defensoría del Pueblo denunciaron que el actual defensor, Rafael Ávila Macke, está llevando a cabo una campaña persecución contra los funcionarios que trabajaban con su antecesor, Miguel Godoy. Según dijo una fuente del organismo a LPO, Ávila -que entró como cupo del PLRA y pronto se respaldó en el coloradismo- opera con total impunidad gracias a su alianza con el cartismo y su cercanía con los hermanos Arnaldo y Lilian Samaniego.
Ávila, quien ocupó el cargo de defensor adjunto durante la administración de Godoy, habría roto la relación con su antiguo jefe tras una disputa interna. Desde entonces, emprendió una purga dentro de la institución y despidió a varios funcionarios, en especial a aquellos que formaban parte del equipo de Godoy.
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"Echan a la gente con excusas burdas, a uno de los directores lo despidieron con amenazas, sin fundamentos técnicos ni legales", relató una fuente de la institución. La situación afecta particularmente a los funcionarios sindicalizados, que aseguran ser blanco del hostigamiento. "Apenas asumió, Ávila dijo que no necesitaba trabajar con los sindicatos. Ese fue el mensaje claro: la represión sería institucionalizada", continuó.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Nidia Pintos, exintegrante del círculo político de Godoy. Pintos no pudo ser despedida por estar en periodo de maternidad, pero aun así Ávila intentó removerla durante la etapa de lactancia. La funcionaria logró una reposición mediante una medida cautelar, pero desde entonces es víctima de mobbing: no tiene escritorio, ni funciones claras, ni se le permite participar de tareas institucionales.
La persecución llegó a un punto extremo cuando Ávila prohibió a otros funcionarios hablar con Pintos durante el horario laboral, bajo amenaza de despido. Además, le descontaron el salario a su secretaria como represalia, lo que afectó aún más su capacidad de trabajo. Pintos sigue enfrentando un proceso judicial contra la Defensoría, mientras continúa recibiendo acoso laboral.
Pero el encono entre Pintos y Ávila tiene una explicación más incómoda para el defensor. En julio de 2023, la funcionaria solicitó apoyo del defensor para trabajar en un caso de abuso infantil, y al ingresar al despacho, denunció haber sorprendido a Ávila manteniendo relaciones sexuales con dos trabajadoras de la institución.
Ávila logró mantenerse en el cargo gracias a su vínculo con los Samaniego, quienes lo respaldan políticamente. Sin embargo, tras una serie de despidos de funcionarios identificados con el cartismo, en Honor Colorado le habrían exigido moderación. Desde entonces, se habría establecido un pacto para silenciar las internas y fortalecer la candidatura de Arnaldo Samaniego a la intendencia de Asunción. La gestión de Ávila también enfrenta cuestionamientos por presunto mal uso de recursos públicos.
Una de las principales irregularidades señaladas fue la organización de la Asamblea de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, evento que generó sospechas sobre manejos administrativos y motivó incluso un pronunciamiento crítico de la diputada Johanna Ortega. La alianza entre los Samaniego y el cartismo llama la atención, teniendo en cuenta que Lilian es una de las senadoras más críticas al cartismo. Hace meses emprendió su campaña por el interior, la "Ambulancia Republicana", para reunir a los colorados anticartistas. Actualmente trabaja para que el senador Juan Afara sea presidente del partido.
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