La ContralorÃa General de la República remitió al Ministerio Público el resultado final del examen patrimonial realizado al presidente Santiago Peña, tras concluir que no fueron detectados incrementos patrimoniales injustificados durante los periodos analizados dentro del proceso de verificación técnica.
El documento fue enviado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero en respuesta a un pedido formulado por la FiscalÃa a finales de 2025, cuando se solicitó profundizar el análisis de las declaraciones juradas presentadas por el mandatario y remitir el resultado de la evaluación patrimonial.
Según el informe elaborado por la ContralorÃa, el análisis técnico incluyó la revisión de seis declaraciones juradas de bienes y rentas correspondientes a distintos periodos vinculados al ejercicio de funciones públicas desempeñadas por Peña. Tras el cruce de datos con registros institucionales y documentación respaldatoria, el organismo concluyó que el patrimonio declarado presenta correspondencia con las fuentes verificadas durante el examen.
La evaluación comprendió dos etapas especÃficas. La primera abarcó el periodo entre 2014 y 2017, cuando Peña ejercÃa funciones en el Banco Central y posteriormente en el entonces Ministerio de Hacienda. La segunda fase analizada correspondió al periodo comprendido entre 2023 y 2025, ya durante su gestión como presidente de la República.
El informe también señala que existió un intervalo entre 2017 y 2023 en el que Peña desarrolló actividades en el sector privado, etapa que no formó parte del control patrimonial directo efectuado por la ContralorÃa debido a que no correspondÃa al ejercicio de funciones públicas sujetas a fiscalización dentro de este procedimiento.
Dentro de las conclusiones remitidas al Ministerio Público, el organismo de control sostiene que las operaciones patrimoniales analizadas cuentan con respaldo documental y trazabilidad verificable, además de indicar que las diferencias formales identificadas durante el examen fueron incorporadas conforme a los procedimientos técnicos aplicados durante la evaluación patrimonial del jefe de Estado.
La diputada Johanna Ortega y la senadora Esperanza MartÃnez cuestionaron el manejo de la denuncia relacionada con un presunto enriquecimiento ilÃcito del presidente por parte de la FiscalÃa y señalaron que la causa impulsada por la oposición sigue sin avances visibles dentro de la Unidad de Delitos Económicos.
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Ambas legisladoras coincidieron en la supuesta falta de transparencia dentro del sistema judicial. El caso habrÃa sido mantenido bajo una especie de "cajoneo" institucional, insistieron, pese a la relevancia de la denuncia y a las dudas planteadas en torno a la evolución patrimonial del mandatario.
Las sospechas iniciales surgieron a partir de un importante incremento patrimonial reflejado en las propias declaraciones juradas de Peña, donde se habrÃa detectado una variación cercana al 1.600%, además de un desfasaje superior a los 4.000 millones de guaranÃes durante el periodo analizado.
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