Los intendentes y concejales de varios distritos del paÃs prometen resistir a la reforma del Fonacide que prepara el gobierno central y que el Congreso busca adaptar antes de dar luz verde a su aprobación. TodavÃa falta que el presidente se reúna la semana que viene con los jefes municipales, tras conseguir el miércoles el apoyo total de los gobernadores, pero en los territorios esperan ciertas garantÃas que el Ejecutivo escatima.
Por lo pronto, unos 16 municipios del Departamento de Canindeyú declararon el cese de actividades por tres dÃas en rechazo al proyecto de centralización de los recursos a través del Fondo Nacional del Alimento Escolar (FONAE) y, además, anunciaron que saldrán de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), un entre privado que reúne a jefes municipales, pese al duro comunicado que emitieron ayer.
El Consejo de Intendentes de Canindeyú, presidido por Walter RamÃrez, quiere liderar la rebelión de los jefes municipales descontentos y algunos ya estudian la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante una acción de inconstitucionalidad, para evitar el tratamiento del proyecto de "Hambre cero en las escuelas" que impulsa Peña.
"El presidente de la República llegó al poder gracias al trabajo de los lÃderes de base, intendentes, gobernadores y concejales y debe escuchar nuestra voz como representantes de la ciudadanÃa", sostuvo Jorge Fleitas, concejal del Guairá, que incluso calificó de inconstitucionales las pretensiones del Ejecutivo central.
Este paso abrirÃa una nueva fase de discusión con el gobierno nacional -y un nuevo tipo de relación con los municipios, siempre mediada por el respeto a la descentralización y posicionarÃa al Poder Judicial como un árbitro que deberá atender o rechazar el reclamo de los intendentes y concejales sobre una probable violación a la Constitución, que establece como forma de gobierno la descentralización en su artÃculo 1.
A esta iniciativa prevén unirse los 21 concejales departamentales de Central que debatirá el viernes una postura como órgano colegiado en rechazo a lo que llaman "ley hÃbrida", porque ven en el anteproyecto de Peña la intención de ir por todos los fondos municipales, incluidos los royalties. La jugada contarÃa con el visto bueno del gobernador Ricardo Estigarribia, el principal perjudicado por el FONAE, que estuvo en el encuentro entre el presidente y los 17 jefes departamentales.
"Creemos que se está violando la Constitución sobre la descentralización y entendemos que es una cuestión netamente polÃtica con otros intereses para cercenar a las gobernaciones e instituciones que no están en el equipo polÃtico del gobierno", dijo a LPO Cristhian Bernal, presidente de la Junta Departamental de Central.
Peña le saca los fondos para el alimento escolar a Central y abre un frente contra Estigarribia
El concejal tachó la iniciativa presidencial de "error polÃtico" y un "despropósito" porque en vez de reforzar los trabajos en salud y seguridad, áreas sensibles que hoy necesitan ser intervenidas, decidió meterse con los recursos del alimento escolar y los royalties, dejando en una quiebra potencial a los gobiernos municipales "por evidentes intenciones de negocio".
La Asociación de Municipalidades de Cordillera publicó un comunicado y el martes cerrará los 21 municipios del deparamento. La coalición municipal rechazó "todo intento de centralización de manejo de recursos del gobierno central", dejando la puerta abierta a una asociaciones con otras localidades del paÃs.
El presidente prometió hoy que compensará a los departamentos y municipios con obras a falta de recursos administrados por las autoridades en los territorios. Habrá diálogo y probables modificaciones, dijo Peña, para llevar algo de calma. "Nuestro objetivo no es golpear a un partido polÃtico. El 65 por ciento de las intendencias son coloradas. A la gobernación de Central y de Presidente Hayes hay que compensarlas también", apuntó.
Lo cierto es que la iniciativa de Peña está conformando un acercamiento entre dirigentes de disintos puntos del paÃs, un movimento transversal a los partidos, y capaz de plantarse al gobierno central. Aunque falta articulación y sumar más voluntades, los intendentes no van a esperar a las negociaciones con el Congreso para intentar frenar la ley a toda costa.
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