Desde su ejecución, el programa Hambre Cero presenta irregularidades en el pago del salario mínimo vigente a las miles de cocineras contratadas para la elaboración del almuerzo escolar en varios puntos del país. El salario percibido por las mujeres y sus ayudantes, de acuerdo a denuncias provenientes San Pedro e Itapúa, no supera los G. 800 mil a pesar de que las órdenes de pago emitidas por las proveedoras especifican un monto de G. 2.750.000.

El programa emblemático del Gobierno de Santiago Peña estipula un presupuesto de 375 millones de dólares, pero en el Ministerio de Desarrollo Social reconocen que la fiscalización es talón de Aquiles de Hambre Cero. El incumplimiento de los contratos fue confirmado por fuentes del Gobierno y los proveedores, que apuntan al nivel de "cometas" (comisiones) exigido por los gobernadores -que rondan entre el 20 y el 21 % sobre la factura del servicio-, lo que obliga a las empresas a trabjar a pérdida.

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Un proveedor explicó a LPO que de cada plato, que cuesta alrededor de G. 15 mil, apenas el 4% de las empresas recibe el pago correspondiente. Además de los impuestos -un 6,9% entre Renta e IVA, como establece el Ministerio de Economía-, los gobiernos departamentales exigen un 20% sobre cada factura del servicio del programa. El único gobierno en recibir un 13,6% de los proveedores es el de Caaguazú, que está al día con sus cuentas.

Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social. 

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Son cada vez más las empresas que se animan a cuestionar el proyecto estrella del Ejecutivo. Como ejemplo de esta situación mencionaron al gobierno del Alto Paraná, que hasta la fecha no ha abonado el pago de los servicios a los proveedores desde que el programa entró en vigencia. La retención del cheque, según los proveedores que hablaron con este medio, se debería a que la "comisión" de G. 9 mil millones al mes todavía no se tributó y, por ende, el desembolso sigue sin ser habilitado.

"No vamos a poder cumplir con las cocineras, ni con el salario ni con el seguro social, porque el nivel de comisiones que debemos abonar en cada departamento hace inviable el negocio. Las empresas proveedoras de Alto Paraná sufren el retraso de los pagos porque entienden que deben poner primero la comisión mensual para que el cheque se libere. Es imposible y esta situación está por reventar", aseguró uno de los proveedores afectados.

No vamos a poder cumplir con las cocineras, ni con el salario ni con el seguro social, porque el nivel de comisiones que debemos abonar en cada departamento hace inviable el negocio

De acuerdo a las empresas adjudicadas, el departamento del Guairá es el peor conceptuado por exigir una comisión por debajo de la mesa del 21% como condición para liberar los cheques. Las empresas admiten que de no cambiar esta situación de "apriete" por parte de los gobiernos departamentales, o por lo menos disminuir las comisiones al 6%, la entrega de alimentos podría verse comprometida. Las proveedoras hablan de pérdidas y "saldo rojo".

César "Landy" Torres.

"Si no es que no baja la cometa no se podrá cumplir con los salarios y el beneficio social que tanto alardea el presidente Santiago Peña. La gobernación de Alto Paraná todavía no pagó. Cada empresa debe pagar los impuestos y después un 20% sobre factura a los gobiernos. Es imposible mantener el negocio", comentó otro referente del rubro.

Tanto proveedores como fuentes del Gobierno central deslizaron que el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, está en conocimiento de la situación, pero que se encuentra con las manos atadas debido al nivel de influencia de los gobernadores sobre el presidente.

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Desde el Ministerio de Desarrollo Social, según pudo saber este medio, buscan una salida para no poner en peligro el programa que hoy alcanza a 980 mil niños en etapa escolar. Una alternativa pasa por disminuir el monto de las comisiones. "Tenemos que decir que Tadeo Rojas es un buen ministro y está haciendo las cosas como se deben. Pero en este tema tiene las manos atadas. No puede hacer nada si el presidente Peña no baja línea a los gobiernos departamentales", puntualizó un funcionario de la cartera.

Los gobiernos departamentales no solo lidian con algunos ministros del gabinete y las empresas proveedoras, sino también con diputados y senadores del oficialismo. El impasse salió a la luz tras la decisión de la cámara baja de redireccionar los fondos para la emergencia en el Chaco a la Secretaría de Emergencia Nacional para que los gobernadores de la región no centralizaran en sus administraciones los recursos del Ejecutivo central.