Aprovechando su mayorÃa legislativa, el presidente Santiago Peña avanza en la modificación del Código Laboral, presionado por el sector empresarial, pero con las centrales obreras y de jubilados en pie de guerra. Los gremios alertan de una crispación social que va en aumento y que podrÃa desencadenar no solo una huelga nacional de trabajadores del sector público y privado, sino una convulsión generalizada que irÃa en contra de la estabilidad del gobierno.
El proyecto de reforma laboral, coinciden, también podrÃa signar la derrota del Partido Colorado en las municipales de 2026, un temor que sacude al interior del oficialismo. Una de las primeras batallas ganadas por el Ejecutivo fue la promulgación de la ley 7235/2023, por la cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a los fondos jubilatorios, luego de varios meses de protestas.
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Esa decisión fue el puntapié inicial para la reforma del sistema jubilatorio, que sigue sin ponerse en marcha por las demoras en la integración del Consejo de Seguridad Social y las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Suprema de Justicia por la supuesta intención del Gobierno de echar mano a las cajas de los jubilados. Ahora los gremios ven la reforma laboral como la gota que colmó el vaso.
"Estamos muy preocupados. Con la ley de Superintendencia no están haciendo la diferencia. Tiene que respetar que las cajas de jubilaciones son autónomas y autárquicas. Los aportantes son los dueños genuinos. Está próxima una convulsión social, estamos a meses de un levantamiento porque ya nadie tiene paciencia. Existe un atropello a la dignidad de los derechos humanos", explicó a LPO Gualberto Zárate, consejero suplente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la ANDE.
De forma paralela, y en un carril intermedio, Peña levantó crispaciones con las organizaciones de funcionarios públicos, que agrupan a más de 300 mil empleados de los diferentes estamentos del Estado y municipalidades, con la presentación del proyecto de Servicio Civil, que modificarÃa la ley 1626 que regula la función pública.
En su momento, la iniciativa avanzó directamente en contra de los derechos laborales de los funcionarios del Estado (docentes y funcionarios administrativos), no solo porque coarta su derecho a la organización sindical, sino porque también permitirÃa el despido inmediato de todo funcionario público sin importar su antigüedad y aporte en caso de no superar dos exámenes de capacidad.
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El proyecto fue rechazado por la mesa intersindical de funcionarios públicos, que nuclea a más de 40 organizaciones, tras ser discutido con la viceministra de Talento Humano del Ministerio de EconomÃa, Andrea Picasso. Las modificaciones propuestas más tarde fueron aceptadas por la cartera a cargo de Carlos Fernández Valdovinos, pero el proyecto aún no fue derivado al Congreso y el diálogo con los legisladores y los trabajadores sigue trabado.
Las centrales de jubilados y funcionarios activos del Estado ya advierten que el plan del Gobierno preocupa y ha dejado en evidencia que su objetivo es atacar el Código Laboral en desmedro de los sectores más débiles y desorganizados. Como primera medida de acción, las organizaciones debaten la posibilidad de mostrar músculo y evitar cualquier alteración de las normas en favor de los grupos empresariales.
"Van a ser movilizaciones generales con la posibilidad de una huelga general. Si el Ministerio de EconomÃa y el Viceministerio de Capital Humano no envÃan la sugerencia para el sindicato del sector docente y de los funcionarios nosotros vamos a movilizarnos. Hoy tenemos la promesa verbal, pero no se cumplió todavÃa. El sector público es un frente de conflicto, sin mencionar la parte privada. Se están uniendo todos los sectores", dijo Rubén Irala, presidente del Sindicato de Funcionarios y Empleados del Ministerio de Educación.
Desde la Corriente Sindical Clasista rechazan el avance del proyecto. En ese sentido, los diferentes sindicatos se encuentran analizando una movilización nacional de trabajadores para frenar la iniciativa del Gobierno. "Planteamos el rechazo. Lo que hay en el Gobierno es la imposibilidad de hacer cumplir la ley y lo que está establecido. Hay un porcentaje demasiado grande de empresarios que no cumplen la ley", apuntó Eduardo Ojeda, lÃder de la Corriente Sindical.
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