Paraguay asumió la presidencia pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), una oportunidad para que el gobierno de Santiago Peña proyecte a nivel regional sus planes para la lucha contra el lavado de activos y la corrupción.

El país es miembro cooperante desde 2020, tras superar por la mínima el examen de efectividad del sistema, y sobre Liliana Alcaraz, hoy al frente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), recae la representación paraguaya del grupo financiero, por lo que presidirá Gafilat este año.

Peña promulga la ley de conflicto de intereses y vuelve a ceder al cartismo

Las recomendaciones de este grupo apuntan a incrementar la transparencia y tomar acciones contra el uso ilícito del sistema financiero, aunque algunas leyes aprobadas por el oficialismo, como la de conflicto de intereses, y el proyecto de "devolución premiada" de Yamil Esgaib, empañan la performance de Peña.  

Para el exsecretario ejecutivo de la Seprelad, Carlos Arregui, la responsabilidad de liderar Gafilat representa una prueba de fuego para el presidente, a quien pidió coherencia entre su discurso de campaña y sus acciones en el Ejecutivo.

El proyecto de devolución premiada es una alerta. Ahora cualquier funcionario puede cometer hechos de corrupción porque la ley le permitirá devolver el daño

El extitular de la Secretaría calificó al proyecto de Esgaib, que prevé modificar el artículo 67 del Código Penal, como una aberración y un símbolo de retroceso para cualquier país serio. "Nuestro país está en la vidriera. La presidencia pro témpore es una prueba y debemos dar resultados en la lucha contra la corrupción", dijo a LPO.  

"El proyecto de devolución premiada es una alerta. Ahora cualquier funcionario puede cometer hechos de corrupción porque la ley le permitirá devolver el daño", indicó el exfuncionario de Seprelad.

Liliana Alcaraz, actual jefa de la Seprelad, con Carlos Fernández Valdovinos.

Arregui, el artífice de la entrada de Paraguay a la organización durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, dijo que Gafilat observa las acciones del fiscal general Emiliano Rolón y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la apertura, investigación y resolución de casos de lavado de activos.

"El papel de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia es fundamental para permanecer como miembro de Gafilat y así dar señales de que somos un país potable y previsible. El Fiscal General es el abogado de la sociedad y debe dar respuestas concretas, debe dar señales claras de sus acciones. Inició bien pero con el tiempo se estancó", explicó el abogado que ocupó varios cargos de relevancia durante gobierno de Abdo.

La agenda contra la corrupción, el lavado y el terrorismo es una de las exigencias de Estados Unidos al gobierno de Peña, como reveló el documento filtrado de la administración Biden que exponía una hoja de ruta con plazos y pasos definidos. Pero el presidente está maniatado por su jefe político, Horacio Cartes, y las bancadas de Honor Colorado en el Congreso, que buscan resguardar intereses y negocios propios, muchas veces con la complacencia (o la resignación) de Peña.  

En Estados Unidos ven la "devolución premiada" como un paso atrás en la lucha anticorrupción de Peña

Peña pudo avanzar en un tímido deshielo con la Casa Blanca y ensayó otras vías de acceso al poder político en Washington. Incluso visitó el país la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, tras el éxito del Operativo Dakovo y mientras el gobierno se preparaba para dar el golpe de gracia al Clan Rotela en Tacumbú.

Peña con Laura Richardson y Marc Ostfield.

Presidencia de la República del Paraguay

La alianza en el combate al crimen organizado es esencial para EEUU, aunque el Congreso tiene que hacer su parte y el presidente tiene que materializar sus buenas intenciones. La titularidad de Gafilat le da el marco ideal para eso, solo resta que Peña demuestre si habrá un giro en su estrategia anticorrupción, que hasta el momento son retazos. 

Según la página oficial del grupo, las 40 recomendaciones se basan en estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, e incluyen una serie de medidas financieras, legales y de conducta que los países deben llevar adelante, en su mayoría basadas en instrumentos legales internacionales (convenciones de la ONU y de organismos supervisores). Además, se incluyen medidas de cumplimiento para el sector público y privado.