El proyecto de ley que establece el denominado "régimen cerrado especial de máxima seguridad" para presos considerados de alto riesgo, presentado por el ministro Ángel Barchini ante la Comisión Permanete del Congreso es cuestionada por expertos y organismos especializados en materia penitenciaria.

La iniciativa que lleva la firma de los senadores colorados Colym Soroka y Lizarella Valiente plantea algunas propuestas similares al programa de Nayib Bukele en El Salvador, pero para el criminólogo Juan Martens no cuenta siquiera con condiciones mínimas para aplicar el modelo con éxito.

El abogado no está de visita, está preparando la defensa. Se está restringiendo un derecho

Martens explicó a LPO que Paraguay no cuenta con un lugar de encierro que pueda considerarse de máxima seguridad, por la infraestructura y la forma de tratamiento. "Que no se llame nomás cárcel de máxima seguridad porque muchas veces les nominamos a las cosas y les damos funciones que no tienen", apuntó. En ese sentido, el especialista dijo que ni la Agrupación Especializada de la Policía Nacional ni la nueva cárcel de Emboscada reúnen los requisitos, salvo que se haga una reingeniería que se ajuste a esos estándares.

En cuanto a la constitucionalidad del proyecto, Martens señaló que el proyecto viola varios derechos de las personas privadas de libertad, como el derecho a la defensa, confundiendo a las visitas con el ejercicio de ese derecho al establecer limitaciones a la presencia de los abogados. "El abogado no está de visita, está preparando la defensa. Se está restringiendo un derecho", agregó.

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Por otra parte, el proyecto no distingue entre condenados y personas con prisión preventiva. "El que está en prisión preventiva es inocente y necesita ser tratado de una manera. Si eso representa un riesgo, se le tendrá que tener en otro espacio, pero acá se le trata a todos como condenados", señaló el experto.

El ministro Ángel Barchini en la cárcel de Tacumbú.

Ministerio de Justicia

Con esta normativa, además, también se estaría restando competencias a los juzgados de ejecucución penal y dejando la mayoría de las decisiones en manos del Ministerio de Defensa. "Nadie le puede robar competencias y atribuciones al juez si realmente vivimos en un Estado de Derecho", dijo.

Martens señaló que la intención es buena, pero que el proyecto incluso prevé condiciones que para los estándares internacionales son considerados como tortura, como el caso de las 22 horas planteadas estrablecidas en el texto. Aparte, el modelo es el mismo que se aplicó en Brasil y que no funcionó. "El crimen organizado no para de crecer en Brasil", dijo el experto, que tildó la medida de populista.

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Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el comisionado José Carlos Rodríguez sostuvo que la única solución al problema es el respeto a los estándares internacionales. "Eso puede implicar más trabajo, más presupuesto, pero nosotros tenemos que dar condiciones mínimas de existencia digna a las personas privadas de libertad", aseguró, recordando que siete de cada diez presos ni siquiera tienen condena.

Rodríguez aseguró que como MNP conversarán con los legisladores para corregir lo que consideren que pueda acarrear una violación de los convenios internacionales firmados por Paraguay, así como los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.