El presidente Santiago Peña promulgó recientemente la ley que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN), una norma impulsada desde el Ejecutivo que deja en manos del Poder Judicial el control sobre el catastro nacional y los registros públicos relativos a los bienes. Pero este cambio de administración desató una fuga masiva de funcionarios que decidieron abrirse del Servicio Nacional de Catastro para ser comisionados a diferentes ministerios.

Actualmente, la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro (DGSNC) está operando a media máquina debido a la falta de personal capacitado y los problemas informáticos que impiden cualquier avance en los trámites. Por lo bajo, la institución necesita unos 90 millones de dólares para cumplir con sus tareas.

Diputados aprueba el RUN y Peña da un paso hacia un criticado manejo de la tierra

Peña había destacado que con la modernización del sistema de registro catastral se buscaba brindar una solución definitiva a la problemática de la tierra, con el énfasis puesto en garantizar la seguridad jurídica y eliminar la excesiva burocracia. "Se trata de una reforma verdaderamente importante, profunda, formal e integral", apuntó entonces.

La DGSNC es una de las tantas instituciones del Estado que sobrevivió a los diferentes gobiernos sin gozar de una inversión considerable. Hoy la administración se caracteriza por las sospechas de corrupción, la burocracia sin fin y la obsolencia, sin personal calificado para enfrentar el boom inmobiliario que experimenta el país.

Roberto "Ilo" Moreno, asesor jurídico de la Presidencia.

LPOLucas Núñez

Sobre el punto, Gustavo Benítez, presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, denunció que la promulgación de ley no solo atenta contra derechos constitucionales de los profesionales, sino también que ha provocado el vaciamiento de la DGSNC. Aquellos que siguen en sus puestos, sostuvo, están de brazos caídos, lo que hace que todo trámite que puede finiquitarse en días se resuelva, como mínimo, en un mes.

"Venieron trabajando mal siempre. Este tema viene desmorajando paulatinamente en los últimos 20 años. Llegó un momento en que fue imposible trabajar. No tienen personal calificado y ese personal hoy está de brazos caídos. Trabajan a media marcha porque no están contentos, porque no les gusta depender del Poder Judicial", explicó el escribano.

La DGSNC es una de las tantas instituciones del Estado que sobrevivió a los diferentes gobiernos sin gozar de una inversión considerable. Hoy la administración se caracteriza por las sospechas de corrupción, la burocracia sin fin y la obsolencia, sin personal calificado para enfrentar el boom inmobiliario que experimenta el país

El Colegio de Escribanos avanza en conversaciones con las diferentes bancadas del Congreso para forzar modificaciones de varios artículos que van en contra de la Constitución. Incluso admiten que DGSNC retrasa los nuevos procesos, por medio de procedimientos burocráticos adicionales, para aprovechar el año de gracia que le da la ley a la hora de implementar la actualización de los sistemas.

Liz Moreno, directora general de Catastro. 

"Se trabaja mal. Si tenés un inmueble rural, olvidate. Si tenés que presentar plano, hoy mínimo te va a llevar tres meses hacer los trámites. El problema real es la falta de tecnología. Se debe conseguir la plata para avanzar. El Registro de la Propiedad necesita 30 millones de dólares y el Catastro unos 60 millones de dólares. Es imposible seguir trabajando de esta manera", comentó Benítez.

Los escribanos están preocupados por la ley de tierras y critican el apuro del Gobierno

Una de las "perlitas" de la nueva ley es la intención de cobrar un mismo impuesto por un mismo expediente. Es decir, con esta norma, Catastro podrá imputar una nota negativa a un expediente por haber desaparecido su asiento registral, con lo cual es imposible la escritura de la propiedad. Esto implica que los escribanos deberán volver a pgar la tasa judicial a pesar de no ser responsables de la desaparición.

De forma paralela, Catastro se enfrenta ahora con la Asociación de Geógrafos del Paraguay (AGEPA). Los que no son funcionarios del Estado deben presentar un certificado para poder ser inscritos en la DGNC como ingenieros y geógrafos, entre otras carreras semejantes. La situación provocó el malestar del gremio ante la imposibilidad de poder trabajar para el diseño y la aprobación de planos para su inscripción en Registros Públicos.