Tráfico de armas
Brasil desconfía de la Justicia paraguaya y pide a Peña la extradición de diez detenidos en el Operativo Dakovo
El gobierno de Lula considera que las instituciones paraguayas están corrompidas por grupos criminales. Entre los extraditables hay dos militares paraguayas. Los antecedentes que preocupan a Brasil.

 El gobierno de Lula da Silva quiere llevar a la Justicia de Brasil a diez de los 16 detenidos paraguayos en el megaoperativo que acaba de desmantelar una red internacional de tráfico de armas que proveía al Primer Comando Capital (PCC) y al Comando Vermelho, las dos organizaciones criminales más grandes del país vecino.

La penetración de los grupos vinculados con las actividades ilícitas en las instituciones de Paraguay, incluido el sistema judicial, convencieron a las autoridades brasileñas de la necesidad de juzgar a los sospechosos bajo su propia ley.

Desmontan una red de tráfico de armas que involucra al Ejército con bandas criminales de Brasil

A finales de octubre, Flávio Dino, ministro de Justicia y Seguridad de Brasil y hombre de confianza de Lula, aterrizó en Asunción para firmar un acuerdo bilateral contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de activos. Al momento de concretar el convenio, el Operativo Dakovo ya estaba en marcha, pese a que no había trascendido de forma pública.

El secretismo en torno a los allanamientos respondía a posibles filtraciones que, de todas maneras, se dieron. La fuga de Diego Dirisio, dueño de la empresa International Auto Supply (IAS), encargada de importar las armas desde Europa del Este, y su pareja, Julieta Nardi, es una muestra de la fragilidad en torno a la operación.

Enrique Riera, ministro de Interior.

Según confirmó LPO, Brasil solicitó la extradición de Eliane Marengo y María Mercedes, que trabajaban para IAS, los traficantes Aldo Cantero Cáceres, Manuel Antonio Gómez Ojeda, Arnaldo Andrés Cubas Cantero y Ángel Antonio Flecha Barrios y dos integrantes de las Fuerzas Armadas de Paraguay, la capitana Josefina Cuevas, exjefa de control de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), y la teniente Cinthia Maria Turro Braga, que se desempeñaba como asesora jurídica del Registro Nacional de Armas.

En Brasil creen que los cuerpos de seguridad y defensa de Paraguay, desde la Policía Nacional hasta el Ejército, están copados por elementos narcos y grupos que se dedican a actividades ilegales, como el tráfico de armas

Para el gobierno brasileño, las extradiciones forman parte del convenio firmado en Asunción hace poco más de un mes, que estipula intercambio de información y colaboración entre los dos países en casos de corrupción y los grupos criminales transnacionales. Más allá de los negocios que llevan adelante en la Triple Frontera, el PCC y otras bandas nacidas en Brasil operan en territorio paraguayo e incluso lo hacen desde las cárceles del país.

La crisis en la penitenciaria de Tacumbú dejó en offside al ministro de Justicia, Ángel Barchini, y desnudó la falta de una estrategia del gobierno de Santiago Peña para hacer frente al problema. Su par de Interior, Enrique Riera, que recibió a Dino en su visita a Paraguay, admitió semanas más tarde que se estaba perdiendo la batalla contra la inseguridad en las calles. Riera no se refería solo a delitos comunes, sino a aquellos vinculados con el tráfico de drogas.

El cambista del Operativo Dakovo aparece en una foto con Peña y otros dirigentes de la cúpula colorada

Son varios los episodios que alertaron a los funcionarios en Brasilia. El último, apenas, tiene que ver con la situación de Sebastián Marset. La entrevista del canal 4 de Uruguay encendió las alertas sobre el posible paradero del capo narco uruguayo, que podría encontrarse refugiado en algún punto de Paraguay. Las autoridades bolivianas siguen esa hipótesis y hasta revelaron supuestos chats de Barchini con Alejandro Balbi, abogado de Marset, que datan de octubre de 2021, cuando el ahora titular de Justicia cumplía las funciones de embajador en Qatar.

Flávio Dino, ministro de Justicia y Seguridad de Brasil.

Pero Barchini negó las conversaciones y no hubo siquiera un movimiento de la justicia paraguaya para investigar la acusación. Según pudo saber este medio, en Brasil creen que los cuerpos de seguridad y defensa de Paraguay, desde la Policía Nacional hasta el Ejército, están copados por elementos narcos y grupos que se dedican a actividades ilegales, como el tráfico de armas. De no ser por la colaboración entre Brasil y Estados Unidos, el Operativo Dakovo no hubiese arrojado los resultados que esperaban. En otras palabras, las autoridades paraguayas solo activan si el impulso viene de afuera y de dos de sus aliados principales.

Advierten que Paraguay se convirtió en un epicentro del tráfico internacional de armas

En Brasil todavía resuena el caso del financista Darío Messer, involucrado en la trama de corrupción del Lava Jato, que fue extraditado a ese país y a quien se lo señaló por su vínculo con el expresidente Horacio Cartes, en la mira de la administración Biden. Los antecedentes hacen pensar que Paraguay es un socio parcial en la lucha contra los grupos criminales, y el límite son justamente sus instituciones. 

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