El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente Santiago Peña los lineamientos para la "Estrategia Nacional Anticorrupción". El Gobierno considera que esta iniciativa es clave para fortalecer las instituciones y consolidar "la cultura de la integridad" en la función pública, pero el Congreso cree que la medida queda a mitad de camino y postula un sistema de recompensas.

La propuesta del contralor contempla denuncias ciudadanas contra funcionarios y la creación de unidades de transparencia para cada organismo en todo el país, que estarán bajo el control de la Contraloría, en el marco de la lucha contra la corrupción lanzada por Peña en 2023, a pocos días de asumir el cargo. El presidente consagró a Benítez como zar anticorrupción ad hoc y espera que el organismo que conduce lidere la campaña. 

Es una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, es la estrategia más completa que yo he presenciado en toda mi vida. Esta es la última oportunidad que tenemos para cambiar las cosas y combatir la corrupción

"Es una estrategia nacional de lucha contra la corrupción, es la estrategia más completa que yo he presenciado en toda mi vida. Esta es la última oportunidad que tenemos para cambiar las cosas y combatir la corrupción", apuntó el contralor, consciente del alcance de la misión que le encomendó el jefe del Ejecutivo.

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La idea de la "Estrategia Nacional Anticorrupción" nació en agosto de 2023, durante la primera cumbre de poderes convocada por el Gobierno, pero empezó a cobrar mayor relevancia tras el fracaso de la ley de la función pública y la carrera del servicio civil, que terminó excluyendo al Legislativo y al Poder Judicial. En ambos poderes siguen los mismos criterios para la contratación de funcionarios.

El Gobierno busca alentar la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Pero si bien varios senadores del cartismo consideran que la "Estrategia Nacional Anticorrupción" puede ser una iniciativa relevante, también reconocen que muchos casos, por lo general, terminan en la nada cuando llegan a la justicia.

Para el senador opositor José Oviedo, la propuesta del Ejecutivo parece no entender que la impunidad es el verdadero problema a atacar, ya que muchos informes de la Contraloría sobre el uso de recursos del Estado terminan "muriendo" en la Fiscalía General, a cargo de Emiliano Rolón.

El senador José Oviedo.

"Faltan sanciones. La impunidad es la que permite que la corrupción esté tan campante y tan inmersa en la organización estatal. La Contraloría hace una auditoría a la ejecución presupuestaria y en los informes se notan enormes irregularidades. Estos informes suelen pasarse a la Fiscalía y no se avanza en la persecución penal. Esta herramienta no va a solucionar, pero espero que ayude por lo menos", dijo Oviedo a LPO.

Faltan sanciones, la impunidad es la que permite que la corrupción esté tan campante y tan inmersa en la organización estatal. La Contraloría hace una auditoría a la ejecución presupuestaria y en los informes se notan enormes irregularidades. Estos informes suelen pasarse a la Fiscalía y no se avanza en la persecución penal

Un grupo de senadores de la oposición se prepara para presentar un proyecto de ley que incentive las denuncias de corrupción en el Estado a través de un sistema de recompensas. La propuesta será oficializada la próxima semana y el objetivo es que vaya en la misma línea de la "Estrategia Nacional Anticorrupción", es decir, que sea complementaria y no una alternativa opuesta a los planes de Peña y Benítez.

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La propuesta del Gobierno busca la creación de códigos de ética con normas unificadas y mensajes consistentes sobre el comportamiento esperado de los servidores públicos. También se plantea incorporar de manera obligatoria contenidos sobre ética, integridad y normativa anticorrupción en los programas de formación para los nuevos funcionarios.

Además se propone endurecer las sanciones administrativas frente a las transgresiones éticas. Otra medida relevante pasa por la protección a quienes denuncian actos de corrupción, sobre todo que puedan tener un "entorno seguro y libre de represalias", pero el Ejecutivo no tiene garantías de que su estrategia dé frutos en el corto plazo.