Una nueva polémica posiciona a la gestión de Ángel Barchini en el centro de las críticas luego de que el gabinete del ministro de Justicia desestimara un informe de inteligencia de la Policía Nacional que investigaba el asalto a un trasportador de caudales ocurrido en el puente del arroyo Aguapey, entre San Cosme y General Delgado, en el departamento de Itapúa.
Apenas tres días después del violento asalto del martes, los propios guardiacárceles del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Itapuá denunciaron que el equipo de Barchini tenía conocimiento del plan que se estaba gestando y que fue alertados diez días antes, mediante una nota enviada desde la jefatura del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.
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Unos 15 delincuentes munidos de armas largas perpetraron un millonario asalto utilizando gel explosivo, durante el cual fueron heridos dos guardias y uno de los asaltantes murió. La decisión de los funcionarios de Justicia representa un nuevo golpe para Barchini y el presidente Santiago Peña, quien sigue dándole su respaldo político pese a la crisis penitenciaria que sacude la seguridad interna de las cárceles.
El viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora, admitió que la cartera de Justicia puso en duda la veracidad del documento de inteligencia porque no "corrió por los canales correspondientes", a pesar de que contar con la firma y el sello del propio jefe de Inteligencia de Crimen Organizado, el comisario Luis López.
La nota fue remitida vía WhatsApp por el comisario Pedro Heriberto Lesme Servín, jefe de gabinete del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía, a la jefatura de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia.
"Este informe hablaba de que se estaban realizando hechos punibles desde el lugar de reclusión de tres internos sobre hechos punibles en centros penitenciarios. Perdió la importancia porque existen conductos para transmitir información relevante. Se puede levantar el teléfono y dar esa comunicación directa", se justificó Nicora, funcionario clave del Ministerio.
Las informaciones indicaban que el plan fue coordinado desde el pabellón C de Cereso, más precisamente desde la celda del conocido asaltabancos Amado Ramón Benítez, sobre el que pesan cuatro condenas por atracos a transportadores de caudales y entidades bancarias. También habría participado Efrén Benítez. Tras el operativo se incautaron celulares, un microchip, tarjetas de activación y un cuaderno.
Para las autoridades del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional el asalto pudo haberse evitado de no ser por la falta de coordinación y comunicación desde el gabinete de Barchini. "Nosotros cumplimos con el procedimiento de buscar la información, cotejarla y difundirla. Los guardiacárceles están obligados a realizar pesquisas administrativas, pero no se hizo. Remitimos la información pero no tuvimos respuesta de las autoridades correspondientes", sostuvo López, antiguo agente de inteligencia.
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Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que no recibieron de "manera oficial ni por los canales correspondientes comunicación alguna sobre la preparación de un hecho punible, por lo que mal se puede afirmar que se omitieron informes de inteligencia". La cartera a cargo de Barchini también apuntó que no se respetaron los protocolos y que había información incorrecta en la nota: Carlos Alberto Chávez, uno de los involucrados en el asalto, estaba recluido en Coronel Oviedo y no en Cereso, como indicaba el informe.
La falta de acción del gabinete de Barchini sigue dejando resultados negativos dentro de la Comisión de Seguridad Interna, liderada por el ministro de Interior, Enrique Riera. Además, hasta la fecha no pudo ser recuperado el control de la penitenciaria de Tacumbú, tomada por el Clan Rótela, mientras los guardiacárceles insisten en que no hay garantías para su integridad en la estrategia del Ministerio.
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