La reunión reservada con los miembros de la Comisión Permanente del Congreso fue un éxito para Ángel Barchini. El ministro de Justicia consiguió este jueves el respaldo legislativo para su proyecto de aislamiento de presos de "alto riesgo", destinado a los cabecillas de organizaciones criminales que dirigen sus negocios y ordenan acciones delincuenciales desde las cárceles de todo el país.

La iniciativa lleva la firma de los senadores Colym Soroka y Lizarella Valiente, pero la idea es de Barchini. "La experiencia en la región respecto a la implementación de módulos de máxima seguridad ha demostrado que la separación de PPL (personas privadas de libertad) que pueden considerarse líderes de organizaciones criminales del resto de la población contribuirá a tomar mejores decisiones respecto a la seguridad, además de mitigar los riesgos de corrupción existentes dentro del sistema penitenciario", dice el texto.

Fortalecido por la emergencia penitenciaria, Barchini se reúne con la Comisión Permanente para buscar más recursos

En ninguna parte del proyecto se mencionan países que sirvan de ejemplo, aunque la línea de la medida va en sintonía con la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. Lo cierto es que el régimen de aislamiento -en el texto no se usa esa expresión, sino "separación" - supone que la persona permanezca detenida por más de 22 horas al día, algo que la legislación internacional desaconseja, plantea como una medida excepcional y las limita a casos específicos y justificados.

Barchini y Rodrigo Nicora en Tacumbú, días antes del Operativo Veneratio. 

Ministerio de Justicia

Según las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, más conocidas como las "Reglas Nelson Mandela" (en alusión al expresidente sudafricano), las cárceles "no deben agravar el sufrimiento del recluso por su separación del mundo exterior y la privación de su libertad". El proyecto aclara que las medidas de máxima seguridad están justificadas cuando se trata de garantizar la disciplina y que no contradicen las reglas de Naciones Unidas.

Con todo, la ley que promueve Barchini prevé una reingeniería del sistema penitenciario. Por empezar, el aislamiento o separación aplica por igual a los presos con condena y aquellos con prisión preventiva. "El régimen cerrado especial será implementado en los módulos, secciones o establecimientos penitenciarios que tengan la categoría de máxima seguridad", apunta el proyecto, que quedará a discreción del Ministerio de Justicia, es decir, de Barchini. La emergencia penitenciaria decretada por Santiago Peña a finales de diciembre otorga más facultades y recursos al ministro.

La ley que promueve Barchini prevé una reingeniería del sistema penitenciario. Por empezar, el aislamiento o separación aplica por igual a los presos con condena y aquellos con prisión preventiva

El objetivo de la ley es reducir la violencia dentro de los presidios, el reclutamiento por parte de grupos criminales, la realización del delito desde las cárceles, la corrupción del personal penitenciario, el riesgo de fuga y la obstrucción a las investigaciones judiciales. El "régimen cerrado especial" aplicará únicamente a las personas de alto riesgo y Justicia determinará los criterios para la clasificación de los presos de alto, medio y bajo riesgo. Si el Ministerio lo cree urgente, un recluso puede ser aislado antes de consultar al juzgado o tribunal competente.

La senadora Lizarella Valiente, una de las firmantes del proyecto de ley.

LPOLucas Núñez

"La resolución que disponga o rechace el sometimiento de una persona privada de su libertad, prevenida o condenada al régimen cerrado especial, será apelable. La interposición del recurso no suspenderá los efectos de la resolución apelada", especifica el texto. Los presos que sean confinados al régimen de aislamiento solo podrán salir de su celda dos horas al día, no tendrán contacto con los funcionarios de la penitenciaría ni derecho a una visita íntima (se habla de visitas de "no contacto" bajo vigilancia) y solo podrán acceder a materiales de lectura previamente autorizados.

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La permanencia bajo aislamiento será revisada cada seis meses y prorrogable, aunque no aclara hasta cuándo, por lo que el proyecto estipula modificar el artículo 201 del Código de Ejecución Penal que se refiere al régimen cerrado especial. La vigilancia durante ese periodo será total. "Se deberá utilizar medios físicos o electrónicos que permitan una observación permanente de la persona privada de libertad. Se realizarán procesos periódicos de inspección física y de registro de celdas", prevé la ley.

El proyecto es un espaldarazo a Barchini, si bien apunta a evitar que se rearme el Clan Rotela tras el Operativo Veneratio en Tacumbú y limitar el margen de acción de otras organizaciones que viven del tráfico de drogas y armas. Con la emergencia penitenciara, el gobierno tiene el marco que necesita para acorralar a los capos de estos grupos y pacificar a cualquier precio las cárceles del país.