No habían pasado ni 24 horas de la Operación Veneratio, un verdadero golpe al Clan Rotela y a su líder, Armando Javier Rotela, y el ministro de Justicia, para que Ángel Barchini aprovechara para obtener beneficios de un proceso en el que quedó relegado, como reveló LPO, por decisión del propio Santiago Peña.
El ministro de Justicia intenta adjudicarse parte de la gloria y, sobre todo, jugar con el temor que existe entre varios legisladores por la estrategia cartista de vincular con el narcotráfico a cualquiera que se atreva a cuestionar el operativo policial y militar. En una hábil maniobra, Barchini consiguió este martes la firma de diputados oficialistas y de la oposición para que traten el miércoles un proyecto de declaración emergencia para el sistema penitenciario.
A pesar de haber sido marginado en el procedimiento, que estuvo a cargo de los ministros Enrique Riera (Interior) y Óscar González (Defensa) -bajo la coordinación del Consejo de la Defensa Nacional (Codena), Barchini se presentó como portavoz de la operación, aunque dejó en claro que el mando lo tiene Peña. "Esta no es una cuestión del Ministerio de Justicia. Acá no hay ningún superhéroe, acá la decisión política la tomó el presidente", sostuvo.
El proyecto de declaración de emergencia que impulsa el ministro establece varias cuestiones complejas. Por ejemplo, el Ejecutivo podrá reglamentar en el plazo de 15 días un plan de seguridad que incluya a los policías y militares en la vigilancia de todos los establecimientos penitenciarios del país. Al menos en el caso de los militares, existe una expresa prohibición constitucional para que intervengan en asuntos de seguridad interna.
Además, el proyecto autoriza al Ministerio de Justicia a adoptar medidas administrativas como contratación de personal, obviando la ley de la Función Pública, y a gestionar recursos presupuestarios para obras de infraestructura y compra de equipos tecnológicos de seguridad "para atender necesidades impostergables en materia penitenciaria". De esta forma, el Ministerio de Economía tendría que dar prioridad a los requerimientos de Justicia para la transferencia de créditos presupuestarios.
El plan de seguridad que surja de la emergencia -que tendrá un plazo de un año- prevé la coordinación entre el cuerpo de seguridad penitenciaria y las fuerzas públicas para fortalecer la inteligencia y mejorar los sistemas para prevenir riesgos de fuga, además de controlar de cerca las actividades del crimen organizado dentro de las cárceles.
Con esta jugada, un actor secundario de la operación que desbarató al Clan Rotela, al menos en Tacumbú, es el primero en sacar un rédito para su cartera, algo que podría generar más roces internos en el gabinete de Peña. Mientras Barchini se reunía con los diputados, Riera pedía a los senadores que apurasen la reforma policial.
Por lo pronto, el gobierno consiguió con esta operación un cierre de fin de año con una imagen mejor que la que dejó tras la promulgación de la ley de Superintendencia, pero el año aún no termina y las consecuencias, buenas o malas, del traslado de Rotela probablemente comiencen a verse el próximo año. Peña avisó que la Operación Veneratio es el principio de una lucha más larga. Una advertencia que también iba dirigida a Barchini.
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