El clan Rotela domina el área metropolitana de Paraguay, mientras que el grupo rival que amenaza de cerca el millonario negocio del tráfico de drogas y el sicariato, el Primer Comando Capital (PCC), controla el norte del país. Sin embargo, la mayoría de los paraguayos no ve como una opción viable la aplicación de políticas de mano dura o involucrar al ejército en la lucha al crimen. 

Esto se desprende de la Encuesta Nacional de Victimización, impulsada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según la cual los consultados relacionan la falta de oportunidades y de empleo con el crecimiento de estas bandas criminales en los barrios. De las 1400 personas encuestadas, el 79,7% escuchó hablar del PCC en el área metropolitana y el 82,1% del clan Rotela.

Tal es la penetración de estos dos grupos criminales en zonas de la capital que la preocupación alcanza 68%. Sube al 70% en el norte -región dominada por el PCC- y en noreste a una cifra casi idéntica, 69,9%.

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Esta información fue recogida con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (UNECIP), que desarrolla seis puntos, entre ellos el flagelo del crimen organizado en Paraguay. La encargada de exponer los números de este sondeo fue la vicepresidenta de la Corte, Carolina Llanes.

Carolina Llanes, vicepresidenta de la Corte Suprema.

CSJ

"Estos datos son comparables de los realizados en el 2017 sobre el crecimiento de los conflictos penales en las zonas. Esta herramienta permite a los Estados a identificar problemas relativos de violencia e inseguridad que está en la agenda del Estado. El crimen organizado y la corrupción es un tema de responsabilidad de la Corte para desarrollar medidas o políticas de control a estos indicadores", indico Llanes.

Respecto a las causas que consolidan las presencia de estos grupos, la falta de trabajo y oportunidades alcanzó el 53% y la falta de trabajo trepó al 32%

Respecto a las causas que consolidan las presencia de estos grupos, la falta de trabajo y oportunidades alcanzó el 53% y la falta de trabajo trepó al 32%. En tanto, solo el 11,0% pidió involucrar el Ejército en la lucha al crimen organizado, apenas el 4,6% sugirió penas más duras para los integrantes de las bandas criminales, el 2,7% apoyó la militarizar y el toque de queda en las zonas más calientes y el 1,2% respaldó la libre portación de armas.

Sin embargo, las respuestas coinciden que una reforma a la Policía Nacional para sacar a los corruptos como solución al flagelo no constituye una medida aceptada, pues solo 29% de las personas eligieron esa opción de una selección múltiple. Como tampoco se registró una mayoría que apoyara modificaciones al Ministerio Público, ya que solo el 21% respaldó esa propuesta.

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La muestra fue realizada en cuatro regiones donde la influencia de los estas dos bandas criminales se hace sentir: el área metropolitana (Asunción y central), Norte y Nordeste (Concepción, San Pedro, Amambay, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú), Centro (Cordillera, Paraguarí, Guairá, Caazapá), y 4) Sur (Itapúa, Misiones, Ñeembucú).