Un grupo de al menos cinco personas armadas ingresó este lunes a la propiedad incautada al capo uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz, Bolivia. La vivienda, una mansión que había sido confiscada tras su captura a mediados de febrero, se encontraba bajo custodia policial y fue tomada por los asaltantes, quienes redujeron a dos agentes que vigilaban el lugar.

El hecho se produjo en paralelo a otras diligencias vinculadas al caso. Ese mismo día, autoridades bolivianas realizaron la apertura de cajas fuertes halladas en galpones asociados a Marset, cuyo contenido generó sorpresa, ya que ambas estaban completamente vacías al momento de la inspección.

La Fiscalía todavía no dio detalles del asalto, pero informó que los asaltantes -todos ellos extranjeros- maniataron a los dos policías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y enfilaron para una de las habitaciones de la casa, de donde se llevaron objetos que aún no fueron revelados. Como respuesta, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz ordenó el traslado de los colaboradores de Marset que habían sido atrapados a cárceles de máxima seguridad. 

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Marset fue detenido el pasado 13 de marzo en Bolivia, tras permanecer prófugo desde 2023 y movilizarse por varios países de la región. Considerado uno de los principales referentes del denominado "Primer Cartel Uruguayo", era objeto de investigaciones internacionales por su presunta participación en redes de narcotráfico.

Tras su detención, el ahora procesado fue trasladado a Estados Unidos, donde ya compareció ante un juez federal en el estado de Virginia. En su audiencia inicial, el 20 de marzo, la Fiscalía formalizó cargos por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero, y el tribunal resolvió mantenerlo en prisión preventiva.

La decisión se basó en el riesgo de fuga, teniendo en cuenta sus antecedentes y la estructura logística que manejaba. En caso de avanzar a juicio, se prevé un proceso extenso con presentación de pruebas reunidas por agencias como la DEA y otras entidades de seguridad de la región.

Federico Santoro, exsocio de Marset.

Por otro lado, existe la posibilidad de que Marset opte por un acuerdo con la Fiscalía, lo que implicaría admitir los cargos a cambio de una eventual reducción de la pena. Este mecanismo también contempla la provisión de información sobre la organización y sus operaciones.

En el marco de la investigación, los fiscales Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg sostienen que Marset habría canalizado ganancias millonarias a través de entidades financieras en Estados Unidos y Europa, con la participación de su entorno cercano, incluido Federico Santoro.

Santoro, señalado como financista de la estructura, fue condenado en julio de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos, luego de llegar a un acuerdo judicial. Según el expediente, habría movilizado más de once millones de dólares a través del sistema bancario estadounidense.

Vista aérea de la mansión incautada a Marset.

En la acusación se describe a Marset como un actor con capacidad de operar envíos de gran escala, con cargamentos que alcanzarían decenas de toneladas de cocaína. Paralelamente, el procesado incorporó a su defensa a un exfiscal estadounidense, Gene Rossi, para su estrategia judicial en Virginia. La próxima audiencia está fijada para el 1 de abril. 

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Mientras tanto, en Paraguay se habla de investigaciones vinculadas al caso, que supuestamente incluyen el análisis de información sobre el funcionamiento de la red y posibles conexiones en distintos niveles. Las autoridades estarían manejando datos sobre volúmenes significativos de droga enviados al exterior y sobre el rol logístico que habría tenido el país en estas operaciones.