El presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, dijo este jueves todavía no pudo conversar con Santiago Peña, pero dejó en claro que la pelota está en su tejado y tendrá que decidir si promulga o rechaza el proyecto. Mientras tanto, y para trabar la persecución a activistas, la relatora de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, la colombiana Gina Romero, pedirá mañana viernes al presidente que vete la norma.

Bachi aseguró en conferencia de prensa que no se había reunido Peña para hablar sobre la promulgación del proyecto que impone más controles a las organizaciones no gubernamentales, si bien reconoció que el Ejecutivo cuenta con toda la autonomía para tomar una decisión que pueda contradecir al Congreso.

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A su vez, el titular del Senado cruzó a organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos en el Paraguay, conocida también como Codehupy, que había calificado de autoritaria la ley aprobada el miércoles en la cámara alta, que se enmarca en una conducta reiterativa del oficialismo. "Ellos están en su derecho de protestar, hay sectores que están conformes con las normativas y otros no", apuntó.

El presidente Santiago Peña. 

Bachi adelantó que solicitará a Peña su visto bueno a la ley, que pasó con los votos del cartismo, la disidencia colorada y los aliados extrapartidarios del oficialismo y las modificaciones planteadas por el Ejecutivo. El texto final incluyó las "boludeces" que pidió el presidente, en un intento por suavizar la intención de Honor Colorado de mantener a raya a las organizaciones críticas con el gobierno. 

En la vereda opuesta, Romero también adelantó presentará formalmente un pedido al presidente para que rechace la ley enviada por el Congreso. No es la primera vez que referentes del ámbito de los derechos humanos a nivel internacional advierten sobre el daño que generará los controles excesivos que desea imponer el cartismo.

Hasta el momento, Peña no dio señales de que promulgaría la ley y fuentes del gobierno indicaron a LPO que existe un temor real a que Paraguay deje de acceder a apoyos económicos y de seguridad de origen estadounidense

Hasta el momento, Peña no dio señales de que promulgaría la ley y fuentes del gobierno indicaron a LPO que existe un temor real a que Paraguay deje de acceder a apoyos económicos y de seguridad de origen estadounidense. Lo que se percibe como un acoso a la sociedad civil, en un país con pocos contrapesos institucionales, es visto con preocupación en Washington, aunque también en Bruselas y en organismos multilaterales. 

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Los más molestos con la conducta del cartismo son los funcionarios estadounidenses que trabajan en la agencia USAID, por la falta de disciplina con la que el gobierno de Peña maneja sus críticas al financiamiento externo, al mismo tiempo que solicita cada vez más apoyo para llevar a cabo programas de carácter social y en materia de seguridad.