Una fuerte respuesta fue remitida por los abogados Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro Mezgolitz a la comisión bicameral de investigación sobre lavado de dinero, que les pidió que rindieran cuentas del uso de los fondos que recibieron de la USAID, la agencia de desarrollo de Estados Unidos.

El rechazo a la solicitud fue contundente, bajo varios argumentos. Primero, porque se trata de una empresa privada con fines de lucro, en este caso, el estudio jurídico Colab Abogados EAS. La comisión es impulsada por el cartismo, principalmente por Gustavo Leite, para investigar a lo sectores contrarios a la línea oficialista. Específicamente estos abogados entraron en su ruta por haber cobrado con fondos de EEUU, gobierno tensionado con Horacio Cartes tras las sanciones de la OFAC.

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 Los abogados alegan que la nota de la comisión antilavado no tiene sustancia y se ampara en una institución "sagrada" de la Constitución como son las comisiones bicamerales por un supuesto hecho ilícito que ni siquiera se conoce.

"Abrazando conductas jacobinas, inspirándose en el mismo Torquemada, circularon notas a diferentes organizaciones pidiendo rendiciones de cuentas bajo una denominación rimbombante pero peculiar. En el sentido que no nos podemos imaginar cómo un proyecto para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción financiado con fondos del gobierno de los Estados Unidos, puede estar relacionado con una comisión bicameral de investigación contra el lavado de dinero", relata la nota.

El presidente Santiago Peña. 

Los abogados se refieren al proyecto que les financió USAID, que presentaron a la Corte Suprema, y que consistió en el uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que regularmente tienen atraso en la Justicia.

Mencionan que anteriormente las bicamerales estaban integradas por personas de carácter profundo, que daban un análisis exhaustivo jurídico sobre la legalidad de una comisión y cuidaban de no extralimitar el ejercicio de su poder.

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Los abogados en su respuesta alertan a otras organizaciones que también recibieron estos requerimientos y piden que se asesoren antes de responder, porque la comisión se sustenta en supuestos principios de transparencia. Recomiendan "no ceder ni un centímetro" y no "doblegarse ante un pedido inconstitucional", que atenta contra la democracia.

No nos podemos imaginar cómo un proyecto para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción financiado con fondos del gobierno de los Estados Unidos, puede estar relacionado con una comisión bicameral de investigación contra el lavado de dinero

El estudio jurídico hasta hace referencia al resurgimiento de movimientos libertarios a nivel global al que está ligada un ala del cartismo, encabezada por Leite. En ese sentido indican que es contradictorio el actuar de esta comisión porque estas ideas políticas se sustentan en la reducción del Estado. "Los congresistas fueron electos por el pueblo no para que ejerzan indebidamente su poder sino responsablemente (...). El ciudadano no tiene por qué someterse a sus caprichos. Solo hay una dictadura, la dictadura de la ley", denuncian

otro elemento que se resalta en la respuesta a la CBI es que el pedido de información "por instigación" se hace a profesionales abogados que no pueden revelar datos de sus clientes.

Dionisio Amarilla.

Aclaran que Colab prestó un servicio que fue facturado en cumplimiento de la norma tributaria. Mandaron a los senadores a pedir información a la Seprelad o la Dirección de Tributación, ya que el ingreso de los fondos del gobierno de EEUU fue de forma lícita al sistema financiero bancario. Además, tildaron a los legisladores de sufrir de "ignorancia supina" por carecer de legitimidad para hacer el pedido. Con ironía, metieron en el mismo grupo a "ilustres abogados" miembros de la comisión y a sus "inspirados asesores".

Los abogados indican que solo pueden rendir cuentas a la entidad que les contrató, en este caso, USAID, y recomendaron a los legisladores buscar información en algún portal del gobierno de EEUU, porque no harán el trabajo por ellos. "Por qué diablos como personas privadas deberíamos rendirles cuentas a ustedes", apunta el texto.

Finalmente, anuncian que podrían denunciar penalmente a los senadores por instigación a cometer delito y les pidieron renunciar a sus bancas por ser personas no calificadas. También adelantaron que podrían presentar una acción de inconstitucionalidad y calificaron a este proceso político como una ruta hacia una autocracia.

La nota fue remitida también al Colegio de Abogados para que estén al tanto de lo que consideran un ataque a la institución sagrada de secreto profesional, luego a la Corte y a la Embajada de EEUU.