Pedro Ovelar, el abogado del expresidente Horacio Cartes, asumió este viernes la defensa del vicepresidente Pedro Alliana, de su hija Montserrat y del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, denunciados recientemente por organizaciones civiles por nepotismo. 

El abogado aseguró en su comunicado que "los hechos atribuidos mediáticamente" a sus representados no constituyen delitos. "Las denuncias y opiniones sobre los mismos no son más que nuevos ataques mediáticos que pretenden menoscabar la imagen de dos referentes importantes de la política nacional", apuntó.

Mis representados no van a tolerar que sus conductas personales sean groseramente manoseadas por la interpretación de intereses políticos, sobre la base de la mentira y de la manipulación mediática

Además de asegurar que los dos políticos cuentan con el apoyo de la voluntad popular que los designó en le cargo, Ovelar alegó que tanto Alliana como Latorre "han manifestado siempre su voluntad de apoyar iniciativas legislativas que actualicen y reencausen modalidades y límites para las contrataciones o nombramientos dentro del sector público".

El abogado agregó que sus representados "no van a tolerar que sus conductas personales sean groseramente manoseadas por la interpretación de intereses políticos, sobre la base de la mentira y de la manipulación mediática".

Raúl Latorre, presidente de Diputados. 

LPOLucas Núñez

Para la abogada Esther Roa, una de las denunciantes, hay varias cosas que le llaman la atención, entre ellas, el manejo que hizo el Ministerio Público de su denuncia. A pesar de que se dirigió específicamente contra estas tres personas y por delitos bien específicos, la Fiscalía caratuló la causa contra "personas innominadas" y sobre hecho punible "a determinar". "Él ya se presenta y todavía no hay una imputación. Cuando es contra la oposición o los 'comunes', la causa no es 'innominada', pero cuando es del oficialismo sí. Eso nos da la sensación de que ellos están muy arrodillados a la clase política dominante", dijo.

Roa interpretó el comunicado de Ovelar como un amedrentamiento contra los medios y contra los que se manifiestan en redes sociales contra los casos del nepotismo. "Es una amenaza para nosotros que en las redes le tratamos como se merece. Ellos no van a tolerar, dice, pero sus representados son figuras públicas, y están expuestas al escrutinio público. Si ellos quieren que la gente no hable de ellos, que se retiren de la vida política", disparó.

Crece la división interna en el cartismo por la relación con el Congreso y apuntan a Alliana 

La denunciante criticó que su colega, Ovelar, desconociera principios fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de pensamiento. "Ellos no están en esa línea de decir 'yo tolero o no tolero'. Él no tenía ninguna necesidad de plasmar esa nota y exponerla al público. Si vos sos abogado tu escrito tiene que decir 'tomar intervención, denunciar tu domicilio procesal y real. Qué necesidad tenía de expresar eso en las redes sociales, para asegurarse de que la gente lo lea", continuó la abogada.

Santiago Peña y Pedro Alliana. 

Presidencia de la República del Paraguay

Con respecto al argumento de la supuesta inexistencia de delito, la abogada señaló que la lesión de confianza encuadra perfectamente en la conducta de Latorre. Y en la de éste y Alliana se suma la figura de tráfico de influencias, y recordó que el "uso indebido de influencias" es causal de juicio político y de pérdida de investidura.

En el caso de Montserrat Alliana, se aplica, según Roa, el delito de cobro indebido de honorarios, a constatarse que ella cobró sin ir a trabajar y además, un salario que no es acorde a su preparación.

Como abogado de Horacio Cartes, Ovelar presentó una denuncia innominada por una supuesta "persecución política" en contra del expresidente. En el proceso, el abogado fue fuertemente cuestionado por haber solicitado al Ministerio Público que obligara a los medios de comunicación la identidad de los periodistas que redactaron notas en las que se trascribían denuncias de parlamentarios y funcionarios en los que se habría constatado los delitos.