Crisis penitenciaria
Buzarquis propone que los presos se paguen su comida y advierten que el proyecto promueve el trabajo forzoso
El senador liberal busca aprovechar la ola punitiva, pero la iniciativa choca contra la legislación penal. "Eso está vetado por la Organización Internacional del Trabajo", apuntó un exalto cargo de Justicia.

 El senador Enrique Salyn Buzarquis propuso que los internos del sistema penitenciario trabajen para poder costear su alimentación, luego de que el gobierno haya desbaratado al Clan Rotela en Tacumbú y en medio de la falta de recursos que denuncia el ministro de Justicia, Ángel Barchini.

Para que rija lo que desea Buzarquis, el proyecto pretende modificar los artículos 8, 40 y 44 de la ley 210/1970 de Penitenciaría. Según reveló un exalto funcionario del Ministerio de Justicia a LPO, el senador liberal ya había planteado la modificación de la norma y por eso se acercó a la cartera, donde le dijeron que se generarían inconsistencias con el Código de Ejecución Penal. 

Barchini capitaliza el golpe al Clan Rotela y busca que se extienda la emergencia penitenciaria para sumar recursos

"A nosotros el Ministerio del Trabajo nos había pedido que instemos a que se derogue un artículo de esa ley porque permitía el trabajo forzoso. Eso está vetado por la Organización Internacional del Trabajo, además de que hay argumentos jurídicos en contra", dijo la fuente a este medio.

El senador Salyn Buzarquis. 

 Cuando aún no se había modificado, la ley 210 exigía a los internos trabajar. El Código de Ejecución Penal establece que se tiene que dar esa oportunidad, pero no puede exigírsele a ningún preso que lo haga para pagarse el costo de vida o generar una deuda porque se estaría obligando a realizar trabajo forzoso. 

Además, el exfuncionario resaltó que Buzarquis omite un dato clave: el 70% de la población penitenciaria está presa sin condena, es decir, son personas procesadas, privadas de su libertad en un país en el que impera el principio de presunción de inocencia.

El 70% de la población penitenciaria está presa sin condena, es decir, son personas procesadas, privadas de su libertad en un país en el que impera el principio de presunción de inocencia

Por su parte, el abogado especializado en derechos humanos, Jorge Rolón Luna, señaló que Buzarquis quiere modificar normativas que no están vigentes. "Esto contradice la Constitución, los tratados internacionales, el sentido común y la realidad carcelaria", apuntó el experto. 

El legislador liberal busca subirse a la ola punitiva que se inauguró con el golpe al Clan Rotela y el desmembramiento de la organización criminal. Barchini se puso al frente para obtener más recursos en el Congreso y la oposición quedó algo descolocada tras el éxito inicial del gobierno. 

Rolón Luna también criticó la intención del senador de "engañar" sobre un supuesto ahorro presupuestario, dado que el dinero gastado en cárceles no impacta en el presupuesto general como para representar un alivio a las cuentas públicas. "Olvida que quien puede en nuestras cárceles consigue alimentos de afuera y no come esa comida indigna que se ofrece y cuya provisión es un negociado que lleva décadas", explicó el abogado.

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