Después de que las autoridades argentinas interceptaran una embarcación que transportaba 30 millones de litros de combustible a Paraguay, el gobierno de Santiago Peña consiguió el respaldo de Brasil, Bolivia y Uruguay mediante un comunicado conjunto que condena el accionar de Argentina y acusa al gobierno de Alberto Fernández de poner en riesgo el abastecimiento a través de la hidrovía.

El texto, duro y directo, apunta a "la aplicación de un peaje unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra", que regula el funcionamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná, y a las medidas que "restringen la navegación", en alusión a los mayores controles que impuso la Dirección General de Aduanas (DGA).

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La tensión bilateral aumentó después de que Sergio Massa viajara a Asunción para reunirse con Peña y el canciller Rubén Ramírez Lezcano anunciara a las pocas horas que Argentina estaba preparada para levantar el peaje en el tramo Santa Fe-Confluencia, algo que fue desmentido por Diego Giuliano, ministro de Transporte y parte de la comitiva que acompañó a Massa a Mburuvichá Roga.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano.

Para sumar más presión, los funcionarios argentinos de Aduanas avisaron la semana pasada y sobre la marcha que reforzarían los controles a las barcazas provenientes de Paraguay para evitar que se colaran cargamentos de drogas, por lo que la DGA y Gendarmería no solo revisarían la documentación y los precintados, sino las cargas mismas. El gobierno paraguayo sostuvo que ese tipo de inspección violaba el acuerdo de la hidrovía. 

La retención de la barcaza de Shell Paraguay fue el punto de quiebre que precipitó el comunicado conjunto. Como atenuante, Peña insiste en que no está en contra del peaje, más bien de su aplicación unilateral

Peña aprovechó estas medidas para reunir el apoyo de los demás países del Acuerdo de Santa Cruz y el viernes confirmó que demandaría a Argentina ante el Tribunal del Mercosur. La retención de la barcaza de Shell Paraguay fue el punto de quiebre que precipitó el comunicado conjunto. El mensaje pone el foco en la "restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario que tiene comprometido el abastecimiento de combustible".

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El peaje y las incautaciones pueden "afectar el precio de dicho insumo" y "exacerbar la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral". Esta línea fue replicada por los ministerios de Exteriores de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que suspenda la aplicación de la tarifa que cobra a Paraguay y se abstenga de "aplicar otras medidas restrictivas a la navegación". 

El ministro de Transporte argentino, Diego Giuliano y el director de Puertos, José Beni. 

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Sin dudas, Peña sale fortalecido en la disputa con Argentina, pero todavía no logra desactivar la crisis bilateral. Como atenuante, el presidente insiste en que no está en contra del peaje, más bien de su aplicación "unilateral", aunque el daño ya está hecho. 

En el oficialismo presionan para que el gobierno endurezca su posición y tome medidas en represalia, deslizan -sin pruebas- que el peaje es para financiar la campaña presidencial del peronismo, mientras la oposición duda de la capacidad de Peña y su gabinete para enfriar los ánimos y encontrar una salida negociada sin recurrir a terceros.