Ejecutivo
Santi cumple los primeros 100 días de gobierno sin cambios en el gabinete y con el desafío de moldear el "peñismo"
El presidente culmina su luna de miel con el foco puesto en el equilibrio con el Congreso, la construcción de poder propio y medidas como la rebaja del precio del combustible, para congraciarse con su electorado.

En sus primeros 100 días de gobierno, Santiago Peña tuvo que enfrentarse a problemas heredados de la gestión de Mario Abdo Benítez, pero también otros que fueron producto de sus decisiones y los deslices de sus ministros, además de las bombas que explotaron por las peleas de poder entre los legisladores de Honor Colorado.

Como signo de su mandato, Peña no le soltó la mano a ninguno de sus ministros, incluso a los más cuestionados como Ángel Barchini, en un intento por demostrar quién tiene el control del Ejecutivo, reforzar a su tropa, poner a pruebas lealtades y esquivar cualquier autocrítica prematura. El presidente no ha querido entregarse a un desgaste temprano e impuso su palabra a través de las prerrogativas del cargo: vetos, negociaciones por lo bajo, uso del aparato estatal para empoderar a su equipo.

Peña asumió el 15 de agosto con el pecado original de haber llegado al puesto por la alianza con Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y figura ineludible del poder político y económico de Paraguay. En parte, el presidente inauguró su gestión con acusaciones y reproches a su antecesor, una movida necesaria para marcar un quiebre y el regreso del cartismo al ejercicio de la autoridad. 

Durante el primer mes en el Palacio de López, Peña se concentró en denunciar las supuestas irregularidades de la administración anterior para allanar el camino a una reestructuración de la deuda pública, que la mayoría oficialista en ambas cámaras del Congreso terminaron de sancionar el 8 de noviembre, no sin antes generar un ida y vuelta entre el Ejecutivo y parte de su bancada por el aumento de sueldos para el presidente, el vice, los ministros y los legisladores.

Peña consigue aprobar las medidas extraordinarias y Valdovinos gana más poder en el Gobierno

Aunque hubo disidencia y oposición en las nuevas emisiones habilitadas, el gobierno consiguió avanzar en el endeudamiento de US$ 600 millones -con vía libre para redireccionar el presupuesto sin consultar al Congreso, entre otras medidas- al igual que en las primeras fusiones de instituciones y organismos con la promesa de hacerlos más eficientes y ahorrativos. 

El 23 de agosto Peña promulgó la creación del Ministerio de Economía, con Carlos Fernández Valdovinos a la cabeza, que pronto se convertiría en una especie de superministro. Cinco días antes, se había consumado la unificación de Aduanas con la Administración Tributaria, lo que dio lugar a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en manos de Óscar Orué.

El vicepresidente Pedro Alliana. 

Uno de los primeros conflictos se originó en el seno del gabinete el 2 de octubre, cuando el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, le informó al presidente que un interno había sido asesinado, descuartizado y enterrado por miembros del Clan Rotela. Ocho días después, el suboficial Oliver Daniel Lezcano desmintió su propia muerte a través de un video que él mismo subió a las redes.

La "falsa muerte" del suboficial causó la toma de la cárcel de Tacumbú por parte de los Rotela ese mismo 10 de octubre, que dejó dentro a guardiacárceles y prohibió la entrada a funcionarios no dispuestos a cooperar con la organización criminal. También se registró un fallecido durante el choque con las fuerzas de seguridad. Para frenar al grupo criminal dentro de Tacumbú, Peña creó un comité de crisis, pese a que hasta hoy niega la existencia de una situación caótica y juega al límite con la actuación de militares frente operativos de seguridad interna, algo que la Constitución no habilita.

Para frenar al grupo criminal dentro de Tacumbú, Peña creó un comité de crisis, pese a que hasta hoy niega la existencia de una situación caótica y juega al límite con la actuación de militares frente operativos de seguridad interna, algo que la Constitución no habilita

Otro conflicto que surgió del oficialismo fue la puja por derogar el convenio con la Unión Europea. Liderado por los senadores Basilio "Bachi" Núñez y Lizarella Valiente, Honor Colorado planteó la anulación del acuerdo, que dejaría a Paraguay sin una donación no reembolsable de 38 millones de euros para la inversión en educación, en especial para la alimentación escolar. El primer intento de derogación fue realizado en Diputados, todavía en el periodo legislativo anterior, pero tomó centralidad recién con los nuevos parlamentarios.

Lea Giménez, jefa de Gabinete, con el presidente Peña. 

Esta batalla a cielo abierto, que incluyó acusaciones sobre cuestiones que no estaban siquiera mencionadas en el texto del acuerdo -la supuesta hormonización de menores de edad o la difusión del lenguaje inclusivo-, generó bastante estupor en representantes diplomáticos de la UE y hasta en la embajadora de Japón en Asunción, Yoshie Nakatani.

El 9 de agosto, Diputados aprobó la derogación y la tensión fue en aumento. En la historia apareció el vicepresidente Pedro Alliana, que hizo lobby para tumbar el convenio, pero luego le planteó al titular del Senado, Silvio Ovelar, que gestionase vía Cancillería la posibilidad de mantener el acuerdo (los recursos) si se suprimían palabras "confusas" o expresione como "igualdad de género" del texto original.

Bruselas aceptó los virajes para no resentir la relación con Paraguay, aunque algunos senadores del cartismo -la cámara alta tenía la potestad de definir la derogación- no quedaron conformes. Insistían en que el texto promovía lo que los grupos "pro familia" llaman "ideología de género". Finalmente, los senadores de Honor Colorado votaron archivar la derogación del acuerdo el 1 de noviembre, pero unos pocos disidentes cartistas reafirmaron su posición inicial y abrieron una grieta en la bancada.

Peña baja de nuevo el precio de la nafta para cumplir con su promesa ante los primeros 100 días

En el periodo de transición, Peña y quien está a cargo de Petropar, Eddie Jara, adelantaron que bajarían el precio del combustible. Esta promesa de campaña fue cumplida aepnas una semana después de la asunción, con un ajuste en torno a los G. 600 a los distintos tipos de carburantes, sin subsidiar y limitándose a una reingeniería de gastos dentro de la institución. Las empresas privadas fueron forzadas a bajar sus precios para volverse más competitivas, aunque no tardaron en presionar con un desabastecimiento del mercado.

Eddie Jara, a la izquierda, titular de Petropar.

Peña resistió, si bien a mediados de noviembre admitió que se evaluarían los precios de la petrolera estatal. Entonces parecía que los precios se reajustarían, pero este lunes volvieron a bajar el precio de las naftas en G. 250 el litro para que la medida fuera presentada como un logro destacado dentro de los primeros 100 días de gobierno.

Una derrota que soportó Peña, no exenta de cruces con los legisladores de su propio partido, fue la exclusión de aumentos salariales para autoridades -para él mismo también- del Ejecutivo y el Legislativo. El anteproyecto de ley de Presupuesto General de Gastos 2024 estipulaba la suba de salario únicamente para el presidente, el vice, los ministros, viceministros y directores nacionales.

Para intentar desligarse de la responsabilidad, el presidente admitió a finales de octubre haber sido víctima de una extorsión por parte de los legisladores de su partido y de la oposición y tuvo que incluir los aumentos para que no le modificasen la propuesta inicial del presupuesto

El Ministerio de Economía había enviado una adenda al Congreso para que diputados y senadores tengan un incremento en su dieta. Con este pedido se desató una serie de críticas mediáticas y políticas, principalmente porque Santi entró con un discurso de achicar el Estado. Para intentar desligarse de la responsabilidad, el presidente admitió a finales de octubre haber sido víctima de una extorsión por parte de los legisladores de su partido y de la oposición y tuvo que incluir los aumentos para que no le modificasen la propuesta inicial del presupuesto. Al día siguiente, la comisión bicameral de Presupuesto optó por no incluir los aumentos, una resolución refrendada por la Cámara de Diputados el 13 de noviembre, pero las fricciones ya estaban instaladas.

Silvio "Beto" Ovelar, presidente del Senado.

Las cosas se pusieron difíciles para el presidente en otro hecho que marcó la agenda política y mediática, no solamente por haberse encontrado una finca de casi 1.200 hectáreas que fue despojada del Ministerio de Defensa por ley. La famosa Finca N° 916 causó incomodidades dentro del movimiento de Peña porque la desafectación de esas hectáreas fue impulsada por Basilio Núñez, otra figura importante del cartismo. 

Las senadoras Yolanda Paredes y Celeste Amarilla encontraron en un proyecto aprobado por ambas cámaras un esquema de venta de tierras públicas a bajo costo, que en los casos más sonados tuvo a empresarios y políticos como compradores, a precios irrisorios, que hace tiempo venían ocupando terrenos adornados en la rivera del río Paraguay con casas lujosas. Ante la denuncia, Peña vetó la ley, ordenó al procurador Marco Aurelio González que recuperase esas tierras y calmar así la reacción negativa. Todavía no hay nada resuelto en el fuero penal sobre este tema.

La Procuraduría embarga bienes de los ocupantes de Remansito y les hace pagar las demoliciones

La siguiente reculada tuvo que ver con los funcionarios que concursaron para entrar a la Binacional Itaipú, un proceso abierto en el período de Mario Abdo Benítez, que fue duramente criticado. Nunca se explicitaron las irregularidades mencionadas por el Ejecutivo. Peña, la jefa de gabinete, Lea Giménez, y su asesor político, José Alberto Alderete, comunicaron que el resultado del concurso quedaría sin efecto y, en consecuencia, 187 personas quedarían afuera. 

Esto generó movilizaciones de los afectados y nuevas objeciones políticas, a tal punto que Peña decidió reincorporarlos porque no se encontraron indicios de manipulación en el concurso, dejando afuera a solo 18 personas, que ahora recurrieron a la justicia para ser repuestos. El gobierno quiso presentar este paso atrás como una muestra de la predisposición al diálogo, aunque no solo fue el reclamo de los funcionarios lo que convenció a Peña de restituirlos, sino la actitud algo vacilante del mandatario. Esa dinámica se pondría en evidencia no solo en los asuntos domésticos. 

El canciller Rubén Ramírez Lezcano. 

Las tensiones con Argentina fueron parte de estos meses de gobierno, que tomaron estado público cuando las autoridades del país vecino comenzaron con las primeras retenciones de barcazas en la hidrovía, luego de que varias empresas que utilizan la bandera paraguaya -muchas de origen argentino- se negaran a pagar el peaje de US$ 1,47 por tonelada de carga en el tramo Santa Fe-Confluencia. Paraguay y los otros signatarios del acuerdo de la hidrovía (Brasil, Bolivia y Uruguay) consideran hasta el momento ilegal el peaje cobrado por Argentina.

 Paraguay intentó presionar a Argentina mediante el retiro del 100% de la energía que le corresponde de la Entidad Binacional Yacyretá, bajo el pretexto de que la cesión ya no era favorable para el país porque Argentina no pagaba su deuda, que asciende a los US$ 150 millones en concepto de consumo y cesión de energía. Aparte, Peña comunicó que retiraría su respaldo ante el FMI y también evaluaría la posibilidad de activar un mecanismo de resolución de conflictos dentro y fuera del Mercosur.

La decisión de retirar el 100% de la energía de Yacyretá no fue sostenible para Paraguay, lo cual le generó críticas a Peña por darse un ´disparo al pie´. Es que la medida no generaba ningún tipo de presión a Argentina y le costaba más caro a Paraguay

Con todo, la decisión de retirar el 100% de la energía de Yacyretá no fue sostenible para Paraguay, lo cual le generó de vuelta críticas a Peña por darse un "disparo al pie". Es que la medida no generaba ningún tipo de presión a Argentina y le costaba más caro a Paraguay. El conflicto fue desescalando a pesar de que ambos países se mantuvieron firmes en sus posiciones. Este fin de semana concluye el plazo de 60 días brindado por Argentina para volver a dirimir el futuro del peaje en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, plazo en el que se suspendieron embargos e interdicciones.

Peña en Washington.

Un nuevo dilema que nace en estos primeros 100 días y tendrá continuidad es la designación de la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, como representante de la Presidencia ante el Consejo de la Magistratura, órgano que elige a magistrados, fiscales y realiza ternas para las altas autoridades del sistema judicial. Para Peña, el presidente de turno tiene la potestad de elegir a su representante. Pero los colorados disidentes y opositores consideran que su decisión es inconstitucional. El propio Peña dijo que "la biblioteca está dividida" en este asunto, reconociendo que existe otra interpretación en cuanto al representante del Ejecutivo en el órgano.

La oposición denuncia que Peña viola la Constitución con la candidatura de Pucheta 

En octubre de 2022 la representante de la presidencia, Mónica Seifart renunció para postularse para fiscal general del Estado y para completar su mandato, que terminaba en marzo de 2023, fue designado Edgar Olmedo como titular y Enrique Kronawetter como suplente. La confusión -u oportunidad para Peña- nació cuando Edgar Olmedo renunció y asumió Kronawetter. 

Luego, el Consejo de la Magistratura volvió a comunicar que había fenecido el mandato del representante del Ejecutivo en marzo, pero confirmó a Kronawetter para un periodo más que iba hasta 2026. Negando este argumento, Peña emitió un decreto para ubicar a Pucheta el lunes a la noche. Kronawetter adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia e incluso a instancias internacionales.

Peña está abocado a resolver las cuestiones diarias de la gestión, rodeado de un equipo que tiene a Lea Giménez, Valdovinos y Lezcano como pilares del Ejecutivo

Lo último de estos 100 días de gobierno de Peña fue la presentación del proyecto de ley para crear la Superintendencia de jubilaciones y pensiones, algo que fue anunciado hace mucho tiempo por el presidente. El supuesto consenso con trabajadores, jubilados y el sector empresarial se dio el lunes y el ministro Valdovinos señaló que será presentado en breve al Congreso. Varios sindicatos que no formaron parte del consenso celebrado por el Gobierno anunciaron que se movilizarán en contra por considerar que se tocan los fondos jubilatorios para financiar al Estado.

Peña está abocado a resolver las cuestiones diarias de la gestión, rodeado de un equipo que tiene a Lea Giménez, Valdovinos y Lezcano como pilares del Ejecutivo. En estos pocos meses de andar, el presidente busca darle forma al "peñismo", es decir, un poder propio para hacer frente a un Congreso dominado por leale a Horacio Cartes y mantener en paralelo una cuota de autonomía que le permita transitar estos cinco años sin turbulencias y con margen de maniobra.  

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