Cristian Turrini, exdirector de Paraguay TV y empresario involucrado en una causa por tráfico de cocaína escondida en contenedores de carbón vegetal a Europa, rompió el silencio y habló de su causa, su paso por la Agrupación Especializada y el crimen de Marcelo Pecci, cuya orden, aseguró, salió de esa prisión.

Condenado a 20 años por tráfico internacional de drogas y asociación criminal, Turrini guarda prisión en el Penal de Concepción, pese a las denuncias realizadas por su abogada en julio pasado sobre supuestas amenazas de muerte que habría recibido, presuntamente relacionadas con la cooperación que habría brindado a las autoridades y que ayudaron a procesar a otros involucrados.

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El exfuncionario de la administración de Federico Franco había caído preso luego de la detección de una megacarga de 3,4 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, Bélgica, el 26 de junio de 2020 que llevó a la inspección de otros cargamentos todavía en puertos paraguayos que arrojaron la incautación de otras 2,9 toneladas más de la droga entre el 19 y y el 21 de octubre de 2020 y que tenía como destino Israel.

Turrini contó que en el interior de la Agrupación Especializada pagaba una mensualidad de G. 1.200.000 al director de esta penitenciará hasta hoy, el comisario José Velázquez, en concepto de 'alquiler' de una celda VIP

Por su colaboración con la Justicia, Turrini fue beneficiado con una reducción de su condena, pese a mantenerse en su declaración de ser inocente y de haber sido víctima de una red mucho más grande y que asegura, aún no cayó por completo por protección política.

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Entre otras cosas, Turrini contó a NPY cómo funciona la corrupción en el interior de la Agrupación Especializada y confesó haber pagado una mensualidad de G. 1.200.000 al director de esta penitenciará, el comisario José Velázquez, en concepto de "alquiler" de una celda VIP. Agregó que los capos narcos pagaban como mínimo US$ 500 por mes.

Marcelo Pecci. 

Gentileza

Turrini estuvo presente durante la requisa que realizaron tras el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, cuya orden, asegura, salió de ese lugar. Entre la celdas allanadas, además de la suya, mencionó a Jaime Franco, sindicado como un hombre de confianza de Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", y uno de los procesados en 2020 luego de un procedimiento en el interior de la Penitenciaría de Tacumbú en el que se desarticuló un laboratorio de procesamiento de cocaína. El procedimiento estuvo encabezado por Pecci.

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El director de la Penitenciaría Nacional en aquel tiempo era Óscar Daniel González Olmedo, asesinado exactamente 40 días después que el fiscal contra el crimen organizado: el mismo Jaime Franco también fue denunciado por amenazar de muerte a la entonces ministra de Justicia Cecilia Pérez, responsable de su traslado a la Agrupación Especializada y enviada poco después a Washington, por su seguridad.

Turrini reconoció que uno de los principales objetivos del procedimiento de requisa tras la muerte de Pecci fue Franco y dijo estar seguro de que de internos de ese lugar salió la orden para matar al fiscal

Aunque prefirió no dar nombres, Turrini reconoció que uno de los principales objetivos del procedimiento de requisa tras la muerte de Pecci fue Franco y dijo estar seguro de que de internos de ese lugar salió la orden para matar al fiscal. Añadió que los autores morales del asesinato del fiscal cuentan aún con protección, no solo política, sino también de la Fiscalía y la Policía.

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La declaración del empresario se dio horas después de que se conociera una entrevista brindada a un medio colombiano por Andrés Pérez Hoyos, uno de los condenados por la autoría material del asesinato de Pecci, que negó los vínculos del expresidente Horacio Cartes con el magnicidio. Tras estas declaraciones, Pedro Ovelar, abogado de Cartes, pidió que se aparte a su cliente de todas las investigaciones relacionadas con esta causa.

Este mismo lunes se dio a conocer la incautación de un fusil de asalto en el interior de Tacumbú, hecho que eleva las alarmas frente a los alarmantes niveles de corrupción en el sistema penitenciario y ante las potenciales represalias contra personas involucradas en casos ligados al tráfico de estupefacientes, como sucede con el mismo Turrini.