En una nueva ramificación del caso Pavo Real II, el Ministerio Público imputó al abogado Óscar Tuma, al joven empresario Alexandre Rodrigues Gomes y a la funcionaria de Registros Públicos, Alcira Rodríguez, por una supuesta operación fraudulenta destinada a evitar el decomiso de bienes bajo medidas cautelares por lavado de dinero.

Según los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, Tuma habría recibido cuatro inmuebles como forma de pago de honorarios, pese a conocer la prohibición judicial sobre esos activos.

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La investigación fiscal sostiene que el 19 de agosto de 2024, el juez Osmar Legal decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes de Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado colorado Eulalio "Lalo" Gomes, debido a su presunta implicancia en operaciones de lavado de activos.

Sin embargo, dos días después, Alcira Rodríguez presuntamente accedió de manera irregular al sistema informático de Registros Públicos, modificó los datos y eliminó toda mención de las restricciones judiciales. Esa maniobra permitió que, meses más tarde, el 23 de mayo de 2025, Rodrigues Gomes transfiriera cuatro inmuebles -valuados en total en G. 1.700 millones - a nombre de Tuma.

El juez Osmar Legal.

Para el Ministerio Público, esta operación fue una movida deliberada para frustrar el eventual comiso de esos bienes, que estarían ligados al narcotráfico. Los fiscales alegan que Tuma tenía pleno conocimiento de la inhibición porque había apelado la resolución que la establecía. Por lo tanto, consideran que la transferencia de los bienes no fue una operación de buena fe, sino una jugada calculada para burlar los controles del sistema judicial y registral.

Tuma respondió con una fuerte defensa pública. En un comunicado, afirmó que presentará una denuncia penal contra la funcionaria Alcira Rodríguez, a quien responsabiliza de haber omitido dolosamente los datos de la medida cautelar. "Esto no es el resultado de una maniobra personal, sino de una cadena de errores institucionales atribuibles al Registro Público", afirmó el abogado, quien también adelantó que demandará civilmente al Estado por daños y perjuicios.

Esto no es el resultado de una maniobra personal, sino de una cadena de errores institucionales atribuibles al Registro Público

El abogado, exdiputado colorado y figura mediática, sostuvo que su imputación "carece de fundamento jurídico" y que actuó "conforme a derecho". Tuma aseguró haber recibido los inmuebles mediante escritura pública y sin impedimentos registrales al momento de la transferencia. "No soy responsable de las omisiones o irregularidades internas del sistema registral", insistió.

Tuma también denunció que la imputación fue presentada con una "premura inusitada", sin un análisis de fondo de los documentos respaldatorios, y que afecta su derecho a la defensa y el principio de legalidad. Tuma había criticado a los jueces del proceso y a la Fiscalía por cerrar muy pronto la causa abierta para investigar el asesinato de Lalo, quien fue víctima de un operativo dudoso en el que la policía irrumpió en su casa en Pedro Juan Caballero.