Corte Suprema
Diputados aprueba el tren de cercanías, pero empresas y familias anuncian una "guerra judicial" para impedir las obras
La coordinadora de afectados, represantada por el lobista Wilfrido Fernández, recurrirá a la Corte. "Por tres personas no se puede estar parando una obra ni estar cambiando la dirección del tren", respondió el diputado Cerini.

 Mientras los diputados le dan el ok al proyecto del tren de cercanías, desde la coordinadora que aglutina a empresas y vecinos asentados en la franja de dominio de las vías históricas del ferrocarril anuncian que recurrirán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar ser despojados de sus propiedades.

Cuando Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) pusieron la iniciativa sobre la mesa, las empresas y familias afectadas se reunieron con las autoridades para alcanzar un acuerdo, que incluía indemnizaciones como forma de compensar los potenciales desalojos. Parecía que había un entendimiento total, pero la ejecución de la obra podría quedar en suspenso unos meses más de los previsto. 

Sin embargo, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para liberar los espacios de seguridad que forman parte de las vías del tren, que componen lo que se denomina como franja de dominio, el presidente de la coordinadora de vecinos, Wilfrido Fernández, al que muchos señalan como la cara del lobby contra el tren, prometió judicializar el proyecto que contará con el financiamiento de Corea del Sur.

El Gobierno promete que el tren de cercanías no repetirá el fiasco del metrobús y suma el apoyo de los intendentes de Central

Existen alrededor de 300 empresas ubicadas sobre la franja de dominio, entre ellas Renault Paraguay-Rieder & Cia Casa Central, Nestlé Paraguay, Cooperativa Multiactiva, Neuland LTDA, Zamphiropolos y Luminotecnia. Fernández vaticinó que el proyecto del ferrocarril representará un nuevo papelón del Estado por no definir concretamente la franja de dominio, como ocurrió con el fallido Metrobús de Asunción.

El diputado Rubén Rubín. 

"El gobierno se sacó la careta y nos declaró la guerra a nosotros y lo aceptamos. Vamos a luchar, incluso con nuestras vidas, para defender nuestras propiedades legítimas a lo largo de 43 kilómetros del tramo Asunción-Ypacaraí. No se hace una obra pública mediante el engaño y el fraude. No se puede ocupar algo que nunca existió porque el ferrocarril no es dueño ni de por donde pasa", apuntó el abogado que dice representar a 10 mil familias.

Pero algunos legisladores ven en el discurso de Fernández una forma de generar confusión y embarrar la cancha. El diputado Rubén Rubín señaló que, a diferencia del metrobús, las obras estarán a cargo de instituciones coreanas. Además, en este caso la franja de dominio corresponde a Fepasa y no al sector privado, por lo que no habría una disputa. Es lo que la coordinadora quiere desafiar ante la Corte.

Por dos o tres personas no se puede estar parando una obra ni estar cambiando la dirección del tren. Para mí, esa gente debe ir presa. Incluso los que dieron el permiso para que construyan

Fernández subió el tono después de que el presidente de la comisión de Cuentas y Control de la cámara baja, César Cerini, asegurase que el proyecto no se puede descartar por "solo tres personas que no quieren desalojar la franja de dominio de Fepasa". La cámara de Diputados aprobó que el consorcio coreano inicie los estudios de factibilidad del proyecto para la obtención de los créditos, que totalizan alrededor de 500 millones de dólares.

César Cerini. 

La Corporación de Desarrollo Urbano y de Infraestructura de Ultramar, más conocida por su sigla en inglés (KIND), un organismo oficial surcoreano que se encarga de proporcionar apoyo económico y logístico a sus empresas en proyectos de infraestructura en países en vías de desarrollo, es quien está detrás del proyecto. Los recursos serán parte de una donación que comprende un paquete para los estudios de integración de los modos de transporte, donación de semáforos y un centro de capacitación sobre tecnología ferroviaria. 

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