El expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, se presentó este jueves ante el Juzgado Penal de Garantías luego de su imputación por presunta lesión de confianza y un daño patrimonial de G. 61.000 millones con los quirófanos modulares. La empresa Neighpart, en tanto, aseguró que la obra principal tiene 55% de avance y la ampliación 75%.

Brítez acudió al Palacio de Justicia acompañado de su abogado José Fernández Zacur, que desde temprano cuestionó la actuación del Ministerio Público y lamentó el "show" de los agentes. Para el letrado no existe una explicación clara de cómo las decisiones adoptadas durante la administración de Brítez habrían ocasionado el perjuicio económico.

Imputan a Benítez y Bataglia por un supuesto daño patrimonial de G. 61.000 millones al IPS

También apuntó a la Fiscalía por haber solicitado la detención antes de escuchar su versión de los hechos. Luego de ser imputado, Brítez ya contaba con una orden de detención emitida por el fiscal Julio Ortiz. Finalmente, tras la audiencia de imposición de medidas, el juez Rodrigo Estigarribia le otorgó medidas alternativas a la prisión.

En medio de la investigación por el caso de los quirófanos modulares, Neighpart, ña firma adjudicada con el millonario contrato en el IPS, emitió un comunicado donde aseguró que la obra seguía vigente y su ejecución presentaba un avance del 55%.

Finalmente, tras la audiencia de imposición de medidas, el juez Rodrigo Estigarribia le otorgó medidas alternativas a la prisión

De acuerdo a la empresa, propiedad de Claudio Alberto Escobar Brizuela, la ampliación tiene una ejecución del 75,11% y todos los desembolsos realizados por la previsional cuentan con las actas de recepción, firmadas por ambas partes y registradas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Además, Neighpart sostuvo que la paralización de los trabajos no fue por incumplimiento de la empresa ni por sanciones contractuales, sino que fue la administración encabezada por Isaías Fretes la que solicitó una suspensión administrativa mientras se determina el espacio donde deben instalarse los módulos.

Emiliano Rolón. 

Neighpart se consolidó como una de las mayores proveedoras del IPS entre 2015 y 2025, periodo durante el cual obtuvo numerosos contratos con la previsional por alrededor de G. 460.000 millones. Sumando las demás adjudicaciones con otras instituciones, la firma obtuvo un total 34 contratos por G. 588.000 millones.

Llamativamente, en la mayoría de los contratos con el IPS la empresa consiguió millonarios pagos sin demoras, a pesar de las sanciones impuestas por la DNCP de Agustín Encina, por incumplimientos con otros organismos públicos.

Su principal accionista, Claudio Alberto Escobar Brizuela, cuenta con varias denuncias. Una de ellas es por un supuesto hecho de estafa a los propios empleados de su otra empresa, Cevima SA, por descuentos irregulares de salarios. Tanto en Cavima como en Neighpart firmaba contratos por el salario mínimo legal vigente, aunque terminaba abonando solo la mitad de lo acordado.

El Senado apura a Fretes para que depure el Consejo del IPS antes de tratar el rescate

El otro expresidente del IPS imputado, Vicente Bataglia, prometió retornar al país para someterse a la justicia. Según registros de la Dirección de Migraciones, el exfuncionario salió del país el 23 de julio para un curso de medicina en Italia, es decir, una semana y media antes de su imputación y posterior orden de detención.

El abogado de Bataglia, Arturo Daniel Sabe, aseguró que su defendido se encontraba buscando pasaje para retornar a Asunción, si bien de momento no está técnicamente prófugo de la justicia por haber viajado antes de su imputación. Se espera que llegue entre la noche de este jueves y el fin de semana.