El presidente Santiago Peña volvió a reunirse este martes con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en un segundo encuentro que buscó marcar distancia del primero, realizado bajo el más estricto hermetismo hace menos de un mes. Esta vez, el mandatario optó por blanquear la razón de la cita -la promulgación de la ley de arbitraje-, aunque también ponderó la necesidad de "fortalecer" la relación entre los poderes del Estado.

El primer encuentro salió a la luz tras una filtración que vino del entorno de los propios ministros de la Corte, molestos por la decisión de Peña de habilitar la conexión virtual de Horacio Cartes, titular del Partido Colorado, quien ingresó brevemente a la reunión para saludar.

El episodio desató una fuerte polémica que fue amplificada por la oposición y sectores de la disidencia, elevando la presión en el Congreso. Lo cierto es que ni Peña ni los jueces del máximo tribunal confirmaron si Cartes estuvo presente. 

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Ante la creciente controversia por el carácter reservado del primer encuentro, el presidente resolvió convocar a una segunda reunión, esta vez con una agenda formal de trabajo, si bien anunciada pocos minutos antes de consumarse, en un intento por descomprimir los cuestionamientos y bajar el tono de los reclamos que comenzaron a escalar a nivel parlamentario.

Por caso, el senador Colym Soroka, hoy al frente de la Comisión Permanente del Congreso, agitó el juicio político contra los jueces de la Corte por la "mafia de los pagarés". El anuncio del congresista colorado está teñido por aquella sonada reunión celebrada en Mburuvicha Róga a principios de diciembre.

Santiago Peña con los ministros de la Corte. 

Uno de los puntos centrales de la reunión de este martes pasó por la nueva ley de arbitraje, sancionada en septiembre en la Cámara de Diputados, cuyo objetivo es fortalecer la independencia de los árbitros, garantizar mayor seguridad jurídica a las partes y redefinir la relación con el Poder Judicial, facilitando la ejecución de los laudos y la cooperación institucional.

El proyecto apunta a ampliar los márgenes de autonomía del arbitraje y limitar la injerencia del Poder Judicial en controversias de carácter patrimonial. En ese marco, se introduce el denominado "arbitraje sucesorio", que permitiría a los herederos resolver disputas por esta vía, ya que elimina las restricciones que actualmente implican la intervención del Ministerio Público.

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Además, la norma otorga mayores facultades a los tribunales arbitrales para la aplicación de medidas cautelares y equipara los laudos nacionales a una sentencia judicial firme, lo que viene a consolidar al arbitraje como una herramienta clave para resolver conflictos fuera del sistema judicial tradicional.