El Senado tiene un plazo no mayor a 18 días hábiles para expresar su posición como parte del juicio de acción de inconstitucionalidad que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia atiende en el caso de la destitución de Kattya González, ocurrido en febrero, y que podría concluir con la vuelta de la dirigente opositora a la cámara alta.

Este procedimiento se ajusta al cumplimiento del principio de bilateralidad, que se basa en escuchar al órgano que dictó la resolución que afectó derechos de terceros y que hoy es objeto de estudio por parte del máximo tribunal. El Congreso tiene la tradición de responder en tiempo y forma las notificaciones que la Corte le pide para marcar posición, algo que acelera la velocidad en el caso que involucra a Kattya.

La Fiscalía dice que la expulsión de Kattya fue inconstitucional y podría recuperar su banca

Semanas atrás, Emiliano Rolón marcó una postura sobre el caso. En respuesta a la consulta por parte de la Corte, la Fiscalía solicitó a la Sala Constitucional que hiciera lugar a la acción promovida por la exparlamentaria y puso el foco en que la bancada cartista, liderada entonces por el actual titular del Senado, Basilio "Bachi" Nuñez, violó el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos. En otras palabras, la expulsión de Kattya fue irregular porque no se consumó de acuerdo a las propias normas internas de la cámara.

A esto se suma el sobreseimiento de Soledad Blanco y José Torales, exasesores de Kattya. Cabe recordar que la difusión de documentos sobre un supuesto caso de tráfico de influencias fue el argumento principal del libelo acusatorio que permitió a la bancada cartista avanzar en la destitución de la dirigente del Partido Encuentro Nacional.

Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema.

En tanto, Víctor Ríos, ministro de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional que atiende el recurso judicial, dejó en claro que, de emitirse un fallo en contra de los intereses del Senado, "este debe someterse al cumplimiento de los procedimientos constitucionales". La advertencia al oficialismo fue clara.

La difusión de documentos sobre un supuesto caso de tráfico de influencias fue el argumento principal del libelo acusatorio que permitió a la bancada cartista avanzar en la destitución de la dirigente del Partido Encuentro Nacional

"Tiene que ver con el funcionamiento de la democracia. Muchas veces los magistrados se olvidan de la democracia. No se olviden que los militares que provocaron horrores en el siglo XX tenían jueces y ministros de la Corte Suprema, cómplices de las dictaduras. El debido proceso deben cumplirlo todos y esa tarea es de la Corte. Si en un juicio político en el Senado se destituye a alguien con 25 votos, la Corte le puede decir que violó la Constitución. La formalidad del debido proceso puede y debe ser controlada por la Corte porque la Constitución habla de reprocidad", indicó el ministro.

Actualmente, el comando político de Honor Colorado tiene en la mira a varios ministros de la Corte Suprema para impulsar su remoción, entre ellos Ríos, exsenador del PLRA, Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Garay Zucolillo.