A pesar de representar una "carta blanca" para acceder a mayores presupuestos y flexibilizar limitaciones administrativas, el proyecto de ley de Emergencia Penitenciaria es la última oportunidad del ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para intentar recuperar el control de las 20 cárceles del paÃs, administradas de facto por organizaciones criminales, como reconoce el propio Gobierno.
La iniciativa, que data del año pasado y ahora se busca ampliar hasta diciembre de 2026, concede al Ministerio de Justicia un respaldo legal para que las fuerzas de seguridad -incluidos militares- custodien los perÃmetros de las penitenciarÃas, una suerte de refuerzo para los establecimientos que operan hoy, en promedio, al 60% de su capacidad.
La emergencia -todavÃa pendiente en el Congreso- también autoriza a Nicora a gestionar obras de infraestructura, avanzar en la compra de equipamientos tecnológicos, adquirir alimentos y realizar otras adjudicaciones de carácter urgente. Aun con estas prerrogativas o súper poderes, el ministro no tiene margen para un nuevo golpe de las estructuras criminales enquistadas en el sistema penitenciario.
De acuerdo a altos funcionarios del gabinete de Seguridad, al presidente Santiago Peña no le convence del todo la idea de concederle a Nicora poderes discrecionales para acceder a recursos del Ministerio de EconomÃa y Finanzas. Sin embargo, la necesidad de imponer la autoridad en los establecimientos penitenciarios se convirtió en una preocupación central para la seguridad interna.
"Debemos admitir que no tenemos el control de las penitenciarÃas. Son personas que pasan las 24 horas planificando cómo cometer delitos. La idea es que Nicora refuerce los trabajos. Tenemos la experiencia de Tacumbú, donde hasta casas de cambio funcionaban dentro del penal, manejadas por estos narcos", indicó a LPO un alto funcionario del Ejecutivo.
La ley de emergencia penitenciaria apuntan a que el Ministerio de Justicia fortalezca la seguridad interna, refuerce la inteligencia dentro de los penales y reduzca fugas y hechos vinculados al crimen organizado, una misión para nada sencilla.
La iniciativa cobró nuevo impulso tras la fuga, a inicios de enero, de dos internos del penal de "máxima seguridad" de Minga Guazú. Se trata de César Lino Aguirre y Justo Pastor Morel, recluidos en el área de presos comunes, quienes cortaron barrotes y tejidos para ganar la calle. Los reclusos habrÃan aprovechado fallas crÃticas en los protocolos de control y vigilancia interna, lo que volvió a exponer la fragilidad del sistema penitenciario.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.
Imputan a Aveiro por extorsión y su equipo habla de una operación polÃtica para sacarlo de la cancha
Peña elimina la rotación de los ministros de la Corte y debilita la jugada de Soroka en el Congreso
Apuntan a Llanes por tratar de meter a su nuera en la Corte y Colym acelera el juicio polÃtico a los ministros
Le rescindieron el alquiler a Kueider y se tuvo que mudar a Luque
La Corte rechazó la última apelación de Kueider y el juicio oral arranca en abril
