El juez penal de garantías, Rodrigo Estigarribia, ordenó este jueves el arresto domiciliario con tobillera electrónica para Vicente Bataglia, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), en el marco de la investigación por el caso de los quirófanos fantasma. El ingreso ilegal al país del procesado habría sido determinante para la decisión del magistrado.
De acuerdo al informe de la Dirección Nacional de Migraciones presentado durante la audiencia, Bataglia salió de Paraguay el 23 de julio con destino a Italia, pero no figura su ingreso al país después de ese viaje. Posteriormente, el 18 de agosto, el extitular de la previsional viajó a Argentina para retornar tres horas después.
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Estigarribia explicó que el expresidente del IPS tuvo su audiencia el 12 de agosto y ya se encontraba en Paraguay, pero no había ningún documento oficial que pudiera comprobar su ingreso legal el 23 de julio, por lo que consideró el peligro de fuga y ordenó el uso de la tobillera electrónica.
Para el magistrado, el uso del dispositivo será una medida de control mientras continúa el proceso judicial por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como presidente de la previsional, algo que le valió su imputación por lesión de confianza.
Lo llamativo del caso es que Migraciones no dio a conocer públicamente el registro de salida de Bataglia y solo lo remitió a Estigarribia, lo que hace suponer que Bataglia podría haber estado en el país durante todo este tiempo y, ante esta situación, no figura su ingreso después de la salida del 23 de julio.
Su abogado defensor, Jorge Arturo Daniel, dijo que no sabía si el exjefe del IPS ingresó o no de manera ilegal, pero que si lo hizo de forma irregular "no estaría libre en su audiencia" de imposición de medidas, donde finalmente se dispuso el arresto domiciliario.
"Estaba fuera del país, era un hecho público, pero hay que preguntarle a Migraciones por qué punto ingreso. Yo había dicho que me encontré con el doctor Vicente Bataglia en la puerta del Ministerio Público. Un colega me avisó para que nos constituyamos a las 07:00 de la mañana en el Ministerio Público y así lo hice. Por supuesto que ya sabía que mi cliente iba a estar ahí, no voy a ir a tomar un café", apuntó el abogado.
El Ministerio Público imputó a los expresidentes Bataglia y Jorge Brítez por el supuesto delito de lesión de confianza y un presunto daño patrimonial de G. 61.000 millones con los quirófanos y los quirófanos modulares que nunca se instalaron.
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Los demás procesados son Hugo Enrique Aranda, exgerente de Logística y Abastecimiento; Juan Manuel Villar López, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones; José Raúl Coronel Acosta, exdirector de Mantenimiento; y Rosa Colmán, ex funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica, detenida el pasado 5 de agosto.
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