El hallazgo realizado por un grupo de juezas de ejecución en el penal de Emboscada reveló comodidades excesivas para internos, incluyendo jacuzzis, y devino este martes en un fuerte cruce público con el Ministerio de Justicia. El ministro Rodrigo Nicora afirmó saber del esquema, pero dijo que era parte de una estrategia y apuntó a las magistradas. 

La jueza Luz Bogarín, una de las intervinientes, relató lo difícil que resultó acceder a las celdas especiales y sostuvo que no contaron con la colaboración del director de la penitenciaría de máxima seguridad, Humberto Renée López Gómez, de quien dijo tuvo "una actitud de distractor" durante la inspección que expuso las irregularidades.

Frente a la divulgación de estos hechos, el ministro de Justicia admitió que no estaba al tanto de la existencia de las comodidades y aseguró que las investigaciones previas de su cartera se centraban en la introducción de elementos prohibidos como teléfonos, alcohol y drogas, pero no en el sistema de privilegios.

El escándalo por las celdas de lujo en Emboscada acorrala a Nicora 

Sin embargo, Nicora dirigió sus críticas hacia las juezas. El ministro señaló que existe un canal de coordinación establecido entre el Poder Judicial y su cartera para tratar este tipo de casos, y de paso recriminó que no se haya usado. Según su visión, se debió comunicar la irregularidad directamente a su despacho y no hacer "publicidad" al respecto. Como medida inmediata, el Ministerio de Justicia apartó de su cargo temporalmente al director de la penitenciaría e intervino el penal antiguo de Emboscada.

El presidente Santiago Peña.

La cartera confirmó que también se investigará la posible existencia de un sistema similar de celdas VIP en otras penitenciarías del país. Para la intervención se designó a Víctor Aliente, una figura polémica que había sido removida con anterioridad de la penitenciaría de Tacumbú. Su reubicación en un cargo clave es interpretada como una muestra del respaldo que el presidente Santiago Peña otorga a la gestión de Nicora.

Pese a la gravedad del caso, es poco probable que el ministro sea removido. Su cercanía familiar con el presidente Peña y el crédito obtenido por operativos como el "Umbral" -para separar a procesados de condenados- le proporcionarían un sólido respaldo. Según explicó una exfuncionaria a LPO, estas prácticas de corrupción serían habituales.

Para la intervención se designó a Víctor Aliente, una figura polémica que había sido removida de Tacumbú. Su reubicación en un cargo clave es interpretada como una muestra del respaldo que el presidente Peña otorga a la gestión de Nicora

Los directores recaudarían por ofrecer celdas VIP y facilitar artículos prohibidos, con parte de ese dinero siendo administrado desde el propio Ministerio de Justicia, lo que evidencia una red de corrupción sistémica. El escándalo pone en evidencia las profundas brechas dentro del sistema carcelario. Mientras el Estado provee alimentos, internos con recursos pueden acceder a comidas con carne, "privadas" para visitas conyugales y zonas de lujo. 

Esto tiene como beneficiarios a funcionarios penitenciarios corruptos, organizaciones criminales que están en los penales y políticos o empresarios con dinero. En teoría, tanto los operativos Veneratio y Umbral habrían desmontado dichas articulaciones, pero está a la vista que no fue así.