Víctor Ríos y Carolina Llanes, ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), responsabilizaron a la prensa por "hostigar a jueces con tapas de diarios" para influir en el cumplimento o no de la ley. Sin embargo, los miembros del alto tribunal olvidan que el artículo 259 de la Constitución los obliga a supervisar los institutos penitenciarios.

"Cada vez que un juez dicta una medida alternativa conforme a la ley y datos del expediente, este juez es permanentemente hostigado con tapas, con reclamos para que sea enjuiciado. Instala de manera perversa que dar medidas alternativas implica mal desempeño", se quejó Llanes.

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La presidenta de la Sala Penal de la CSJ insistió en que las penitenciarías no cuentan con la estructura para cumplir con las leyes y que los magistrados evitan aplicar medidas que puedan alimentar a esos "monstruos", en alusión a las cárceles y a quienes cogobiernan en ellas, es decir, los grupos criminales.  

Carolina Llanes, ministra de la CSJ.

CSJ

"Acá no se elige qué se tiene que hacer, se tiene que cumplir la ley y dentro de ese cumplimiento las penitenciarías tienen que tener la estructura material y humana adecuadas para que se cumpla lo que dice la ley", admitió Llanes, quien se alineó con el diagnóstico que hizo el presidente Santiago Peña el miércoles, tras la primera reunión del comité de crisis que siguió a la toma de Tacumbú.

Les instruimos a los magistrados a que apliquen las medidas alternativas de manera racional y conforme a los presupuestos, porque de lo contrario estamos colaborando con alimentar al monstruo que hoy ha sido identificado por estas facciones criminales

"Estamos preocupados por esta situación, en cada reunión, en cada oportunidad que tenemos de hablar con los magistrados les instruimos que apliquen las medidas alternativas de manera racional y conforme a los presupuestos, porque de lo contrario estamos colaborando con alimentar al monstruo, al monstruo que hoy ha sido identificado por estas facciones criminales", continuó la ministra.

Por su parte, Ríos calificó a las penitenciarías de "campos de concentración" donde toda persona llega para ser entrenada y reclutada por organización criminales, como sucede con el Clan Rotela en Tacumbú. "Las penitenciarías están en manos del crimen organizado y se han convertido en campos de concentración donde el crimen organizado recluta soldados", apuntó el exsenador liberal.

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El ministro de la Corte pidió replantear la política penitenciaria y criminal, pero sostuvo que la actual crisis carcelaria -a la que Peña evita referirse en esos términos- no deriva del Poder Judicial, sino del abuso de las prisiones preventivas. De hecho, más del 50% de los reclusos de Tacumbú todavía espera una condena firme.