El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, fue acusado este martes por lesión de confianza en un caso de perjuicio patrimonial que superaría los 306 millones de guaraníes, y que pudo concretarse mediante un esquema de adjudicaciones amañadas para la provisión de alimentos en la comuna.

La acusación confirma las versiones sobre las supuestas irregularidades administrativas de Prieto, algo que los colorados consideraban un secreto a voces en Alto Paraná. "Las denuncias no fueron realizadas por colorados, sino por excolaboradores del propio Prieto. Pero eso no es nada comparado con otras irregularidades que existen", aseguró un dirigente del coloradismo a LPO.

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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez también acusaron a diez funcionarios de Prieto y a representantes de las empresas involucradas. En calidad de coautor de los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal se identificó a Francisco Raimundo Arrúa Álvarez. Los agentes también apuntaron a Buena Ventura Morínigo, propietaria de Tajy Servicios Generales, y Emili Vanesa Florentín, representante legal de la empresa Vanemi SA.

El senador colorado Javier Zacarías Irún.

Senado

En la acusación fiscal aparecen además la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Maggi Fariña Almada, el concejal Sebastián Martínez, el jefe de la Planta Procesadora de Alimentos de la Municipalidad y administrador del contrato, Alex Samhat, el jefe de adquisiciones y suministros de la comuna, Higinio Ramón Acuña, la encargada de las órdenes de pago, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, y el tesorero del gobierno municipal, Nelson Alexis Segovia Acevedo.

De acuerdo a la acusación, la administración de Prieto realizó el pago a empresas proveedoras de alimentos por mercaderías inexistentes el 11 de junio del 2020. Antes habrían diseñado un esquema para adjudicar de forma opaca la licitación del servicio, con un perjuicio para los esteños de G. 306.188.500.

De acuerdo a la acusación, la administración de Prieto realizó el pago a empresas proveedoras de alimentos por mercaderías inexistentes el 11 de junio del 2020. Antes habrían diseñado un esquema para adjudicar de forma opaca la licitación del servicio, con un perjuicio para los esteños de G. 306.188.500

"Miguel Prieto Vallejos y los coprocesados se sirvieron de estructuras jurídicas y empresariales funcionales a la administración municipal vinculadas a la familia Florentín. Recurrieron a la vía de la emergencia durante la pandemia del covid-19 para reducir la cantidad de oferentes, invitando solo a aquellas de su entorno privado y ni siquiera inscriptas como proveedoras del Estado", sostienen la acusación fiscal.

El fiscal general Emiliano Rolón.

Gentileza

En otro momento del expediente se confirma la detección de un montaje para disfrazar el desvío de fondos de la Municipalidad y, en consecuencia, ocasionar el perjuicio patrimonial. Para este esquema, el intendente habría contado con la colaboración de funcionarios de su confianza, designados por él mismo en puestos directivos, quienes tuvieron directa participación en el proceso.

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La contribución de los funcionarios municipales "se dio desde el ámbito administrativo o una gestión para elaboración de notas, memos o dictámenes para promover innecesariamente licitaciones por vía de la excepción". "Estos cursaron invitación del PBC (pliego de bases y condiciones) a empresas recomendadas a pesar de que no cumplían con los requisitos mínimos", sigue la acusación.

Entre los productos nunca proveídos por Tajy se encontraban anís en grano, anti moho, esencia de manteca y levadura, harina de trigo, grasa vegetal, azúcar blanca, sal fina y aceite de soja. En el escrito judicial se señala que el intendente utilizó de manera intencional la vía de la excepción para someter a la Intendencia a un "verdadero concurso público de ofertas".