Sebastián Marset, procesado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, presentó un escrito ante el juez de Virginia, Rossie Alston Jr., en el que denuncia una serie de graves violaciones a sus derechos fundamentales que, según el capo uruguayo, ocurren de manera continua desde que fue extraditado en marzo.
En su presentación, Marset sostiene que fue retirado de su domicilio en Bolivia sin que existiera una orden judicial que lo respaldara, cuestionando así la legalidad de todo el procedimiento que derivó en su captura y la posterior entrega a las autoridades estadounidenses.
Marset calificó su entrega a la DEA de "rendición irregular", ya que se habrían vulnerado tratados internacionales y el principio de especialidad, el cual establece que una persona extraditada solo debe ser juzgada por los delitos que motivaron su detención.
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En su declaración, Marset también detalló las condiciones que enfrenta tras su aprehensión. El 14 de marzo, dijo, había solicitado la presencia de un abogado, pero la petición fue denegada de manera arbitraria. El "rey de la hidrovía" denunció haber sido sometido a interrogatorios sin la asistencia de un defensor, lo que constituye una transgresión directa de la quinta y sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantizan el derecho a no declarar contra uno mismo y a contar con representación legal durante el juicio.
Además, Marset aseguró haber sido amenazado por los agentes y, debido a esa presión, se vio obligado a declarar falsamente. Otro de los puntos centrales de la denuncia involucra a los agentes Michael Greisen y Tyler Gauzel, a quienes acusa de haberle exigido el acceso a sus billeteras de criptomonedas, cuyo valor estimó en aproximadamente US$ 4 millones.
El capo narco señaló que los agentes federales aprovecharon su situación de vulnerabilidad para extorsionarlo e intentar apoderarse de sus activos digitales. Esta acusación se suma a las críticas que el uruguayo había formulado contra el procedimiento de captura y las condiciones de su detención.
Ante este panorama, Marset solicitó al juez que emitiera una orden para garantizar el acceso a abogados de su confianza, un derecho que considera le ha sido sistemáticamente negado desde su arresto. En caso de tener que participar en una audiencia, Marset pidió que se tomen medidas para no tener que ser custodiado por agentes de la DEA.
En su escrito, el denominado "rey del sur" reiteró su inocencia respecto a los cargos que se le imputan y insistió en que las acusaciones en su contra carecen de fundamento. "No soy culpable de los cargos de los que se me acusa y estoy preparado para probarlo", apuntó. De cara a la audiencia prevista para la semana que viene, Marset cambió de abogados.
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No es la primera vez que Marset usa comunicados públicos para exponer situaciones que comprometen a autoridades. En el pasado vinculó a funcionarios de la Senad con su organización, lo que derivó en la renuncia de varios de ellos. Ahora, desde la prisión en EEUU, Marset busca que la Justicia estadounidense reconozca las irregularidades que, según su defensa, marcaron su proceso desde el momento de su detención en Bolivia.
En Paraguay también están atentos a lo que pueda decir Marset, debido a que hay políticos condenados por el esquema manejado por el uruguayo junto a Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", como el exsenador Erico Galeano.
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