El diputado Orlando Arévalo, aspirante a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), quedó involucrado en un esquema de blanqueamiento y negociado con dos fiscales que se encontraban investigadas por mal desempeño de funciones y por sus nexos con el narcotráfico. El informe del Ministerio Público, que se basa en los datos extraÃdos del celular de Eulalio "Lalo" Gomes, llevó a la oposición a exigir la destitución del parlamentario en las próximas horas.
Las negociaciones fueron confirmadas gracias a una pericia del celular del diputado fallecido, que actuaba como interlocutor de Arévalo para evitar la destitución de la fiscal Katia Uemura, investigada junto a su marido Daniel Montegro por supuestos vÃnculos con grupos narcos. El juez Osmar Legal reveló los chats de WhatsApp y envió el infirme a la FiscalÃa, no sin antes deslizar que hay serios indicios de corrupción pública.
La red que habrÃan integrado Gomes y Arévalo también intentó salvar a la fiscal Stella Mary Cano, quien se encontraba en la cuerda floja tras filtrarse conversaciones con uno de los imputados en el caso que afectó al exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, por un presunto esquema de desvÃo de fondos de la Municipalidad. Esta situación lo llevó a renunciar al cargo y enfrentar a la justicia, que años después lo absolvió.
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El pasado 19 de agosto, Gomez falleció durante un confuso procedimiento a cargo del Servicio de Inteligencia Unificada (SIU), la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y la FiscalÃa, en el marco del operativo "Pavo Real". Los agentes ingresaron a la cada del diputado en la ciudad de Pedro Juan Caballero para ver si se encontraba allà su hijo Alexandre, quien mantenÃa una relación directa con capos del lado brasileño de la frontera.
En el procedimiento, Lalo murió a causa de los impactos de bala recibidos. En el sitio, además, los efectivos se alzaron con computadoras y celulares de los detenidos a partir de los cuales Legal pudo reconstruir la red que se habÃa instalado entre el Congreso y el Poder Judicial.
El primer contacto con Uemura se registró el 25 de agosto de 2023, cuando Lalo le compartió el contacto del entonces titular del JEM, Arévalo, con la promesa de que iba a solucionar su "problema". Posteriormente, la fiscal le confirmó al diputado que el proceso de investigación en su contra estaba concluido y que Óscar Paciello, ex titular y miembro del Jurado, no habÃa podido revertir el resultado.
DÃas después, el JEM la absolvió de la investigación gracias a su certificado de divorcio, lo que incluso provocó la ira de algunos ministros de la Corte Suprema que cuestionaron el procedimiento. Sin embargo, el favor recibido no quedarÃa allÃ. En el Ãnterin, Gomes le pidió a la fiscal unos G. 25 millones para pagar las gestiones realizadas. "Don Lalo x favor. Ni traficantes tienen eso que pide", respondÃa algo desconcertada Uemura.
Más tarde, el 19 de diciembre de ese mismo año, se registró un nuevo intercambio de mensajes entre Lalo y Arévalo donde se felicitaban por el éxito de la maniobra: "Salió perfecto! Fue complicado pero bien!". Para Legal, el contenido de los mensajes deja en claro la existencia de un sistema de corrupción pública. Ahora le toca al fiscal general Emiliano Rolón abrir un proceso penal.
"Lo que hacemos nosotros es ver ciertas comunicaciones donde se podrÃa ver la ocurrencia de un hecho punible. Hay un cúmulo importante de conversaciones, eso va a quedar a cargo del fiscal asignado", expresó el magistrado. Además, Legal señaló que la jueza de Pedro Juan Caballero, Sadi Estela López, también podrÃa ser investigada por cobro de sobornos y tráfico de influencias.
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El abogado de la familia Gomes, Óscar Tuma, acusó a Legal de llevar la causa de "forma mediática" y prometió que expondrÃa todos los chats del exdiputado para contradecir la versión del juez. Sin embargo, la presión crecer alrededor del cartismo. La senadora disidente Lilian Samaniego pidió llegar hasta el final con la investigación, mientras su par opositor Eduardo Nakayama exigió desaforar a Arévalo.
Cabe mencionar que las conversaciones encontradas en el celular de Lalo dejó en una posición complicada a Arévalo, quien pugna una vez más por la presidencia del principal órgano juzgador de magistrados, a las fiscals Uemura y Cano y a la juez penal López.
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