Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdez pidieron elevar a juicio oral y público la causa por presunto lavado de dinero promovida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra los principales directivos del Banco Atlas, entre ellos su presidente, Miguel Ángel "Miki" Zaldívar, y la familia de Nicolás Leoz.
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público presentó una acusación formal ayer jueves luego de señalar una supuesta estructura de lavado vinculada a fondos provenientes de actividades ilícitas de Leoz, extitular de Conmebol.
El foco de la acusación recae sobre los directivos del banco del Grupo Zuccolillo, es decir, Zaldívar, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García. A estos se suma el oficial de cumplimiento José Miguel Ángel Páez Corvalán, acusado como cómplice.
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Según los fiscales a cargo de la causa, los directivos de la entidad habrían permitido el ingreso de activos de origen ilícito al sistema financiero a través de contratos de fideicomiso. Ahora la Conmebol busca recuperar al menos USD 15 millones que habrían sido desviados por Leoz -fallecido en 2019- hacia el Banco Atlas.
Para la Conmebol, hoy presidida por Alejandro Domínguez, los recursos de Leoz fueron ingresados al sistema financiero a través del banco de la familia Zuccolillo luego de ser "blaqueados".
La Fiscalía sostiene que los acusados facilitaron la creación de patrimonios autónomos para administrar certificados de depósitos de ahorro (CDA) cuyos fondos originales no fueron debidamente verificados. La acusación detalla, además, que entre 2011 y 2016 se realizaron depósitos millonarios en dólares y guaraníes que no coincidían con el perfil económico declarado ni contaban con la documentación de respaldo necesaria para justificar su procedencia.
Uno de los puntos centrales del documento es la omisión de las medidas de "debida diligencia". A pesar de que Leoz era considerado un cliente de alto riesgo -debido a su exposición pública y a procesos judiciales en el exterior-, el banco no habría aplicado los controles preventivos exigidos por la normativa vigente. Incluso, se menciona que el banco omitió reportar alertas de operaciones sospechosas mientras el cliente ya enfrentaba pedidos de extradición de Estados Unidos.
La denuncia impulsada por la Conmebol se sustenta en informes, publicaciones periodísticas y documentación proveniente de agencias y tribunales de Estados Unidos, vinculadas a investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción, delitos económicos y lavado de activos en el marco del caso conocido como FIFA Gate.
La trama involucra también al círculo familiar de Leoz. En la acusación figuran como coautoras su viuda María Clemencia Pérez de Leoz y sus hijas Nora Cecilia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Ribeiro. Ellas habrían participado en la firma de contratos y adendas de los fideicomisos que sirvieron para movilizar y blindar los activos cuestionados dentro del sistema bancario local.
De acuerdo con el relato fiscal, el perjuicio patrimonial vinculado a las operaciones de Leoz contra la Conmebol se estima en aproximadamente USD 45 millones. Parte de ese dinero habría sido desviado mediante transferencias injustificadas desde las cuentas de la confederación hacia cuentas personales de Leoz, para luego ser "asegurado" en el Banco Atlas. El Ministerio Público asegura que la dirección del banco ignoró las advertencias del sistema de prevención de lavado de dinero.
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En tanto, ABC Color, también propiedad del Grupo Zuccolillo, calificó el proceso como un "sicariato" judicial y una instrumentalización de la justicia. En su portada de este viernes, el diario insistió en que la acusación carecía de sustento legal y respondía a intereses políticos y presiones externas, específicamente de Domínguez, y denunció que el pedido de juicio se realizó bajo órdenes directas del fiscal general Emiliano Rolón, quien habría ignorado documentos que desacreditan el lavado de dinero.
En el marco de la acusación, los fiscales solicitaron un comiso de USD 718.570. Para asegurar esta cifra, el Ministerio Público pidió al juzgado un embargo preventivo sobre los bienes del Banco Atlas hasta cubrir el monto en cuestión, el cual se desprende de las operaciones financieras bajo sospecha de lavado.
Ahora, la decisión queda en manos del juez penal de Garantías, Humberto Otazú, quien deberá analizar las pruebas presentadas y determinar si la causa se eleva finalmente a la instancia de juicio oral.
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