El exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y la ex viceministra de Finanzas de la cartera, Marta BenÃtez, fueron beneficiados este jueves con la libertad condicional por el caso del fallido proyecto del metrobús durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes.
Ambos procesados acudieron para una audiencia preliminar donde el juez Humberto Otazú decretó que el sobreseimiento provisional. De esta manera, el caso no llegará a juicio oral y público, que debÃa ser defendido por los fiscales Giovanni Grisetti, Natalia Silva y Yeimy Adle, que en las últimas horas cambiaron su postura inicial.
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El miércoles, los fiscales de la causa habÃan pedido el juicio oral de los dos acusados. Sin embargo, este jueves, tras examinar las pruebas de la defensa, los agentes alegaron tener dudas a raÃz de las pericias contrapuestos, por lo que terminaron solicitando el sobreseimiento provisional.
El abogado Guillermo Ferreiro cuestionó la decisión del magistrado por conceder el pedido de la FiscalÃa. "Los jueces de garantÃas nunca otorgan sobreseimientos cuando la FiscalÃa acusa. A Humberto Otazú le dio una epifanÃa y recordó que tiene esa facultad justo cuando se trata de beneficiar a sus patrones polÃticos. Ya ni disimulan", escribió en su cuenta de X.
Por su parte, el abogado Guillermo González, defensa de los frentistas (los principales afectados por el proyecto), también lamentó la decisión del juez y destacó que todo apuntaba al blanqueo del exministro y la exviceministra de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Para el profesional, los frentistas se quedaron con muchos daños, especialmente económicos, a causa del fallido proyecto. "Hablan de que hubo un daño patrimonial y luego dicen que no existe daño patrimonial. Al final no hay nadie que se responsabilice y como siempre, el pueblo es el que a va a pagar. Los más afectados son las personas de San Lorenzo y Fernando de la Mora, esas personas perdieron todo", apuntó González en la 730 AM.
El metrobús fue presentado como una gran obra para modernizar y solucionar parte del caótico y colapsado tráfico de la capital durante la presidencia de Cartes, aunque la iniciativa terminó desembocando en una estafa para los contribuyentes y los comerciantes afectados.
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La inversión inicial fue de USD 54 millones, pero posteriormente tuvo un sobrecosto y llegó a trepar hasta los USD 72 millones. Además, un tribunal arbitral sentenció al Estado paraguayo a pagar USD 17 millones por la demanda de holding portugués Mota-Engil en la causa del truncado proyecto.
Durante el gobierno del expresidente Mario Abdo BenÃtez se rescindió el contrato con la empresa portuguesa. El senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis, denunció entonces que los responsables de la obra causaron un daño patrimonial de USD 125 millones al Estado.
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