El proyecto de ley que busca reinstaurar el voto secreto en las deliberaciones de la Corte Suprema de Justicia fue postergado este miércoles por 15 días, en medio de un tenso escenario político donde el oficialismoy sus aliados intentan imponer el secretismo en la máxima instancia judicial.

La maniobra no solo representaría un retroceso institucional, sino que se encuentra íntimamente ligada al rechazo del pedido de reposición de la banca planteado por la exsenadora Kattya González, expulsada del Senado en febrero de 2024. La propuesta, presentada por los parlamentarios Natalicio Chase, Silvio "Beto" Ovelar y Édgar López, busca modificar la ley 609/1995 y derogar la 7058/2023.

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Esta última norma, impulsada en su momento por el entonces senador Pedro Santa Cruz, fue un avance en materia de transparencia, ya que por primera vez obligaba a los ministros de la Corte a votar de forma nominal y a viva voz en elecciones internas, como la de su presidente y la designación de circunscripciones judiciales.

Natalicio Chase.

El oficialismo enmarcó esta iniciativa como una simple "corrección técnica", un ajuste procedimental sin mayores implicancias. Sin embargo, esta modificación oculta la verdadera naturaleza de la propuesta, que en los hechos busca reinstaurar el secretismo institucional y devolver a la Corte a una era de opacidad, donde las decisiones trascendentales se tomaban a puertas cerradas, envueltas en sombras y acuerdos de poder que nunca eran sometidos al escrutinio público.

A mí me llama la atención que el proyecto tiene iniciativa parlamentaria cuando la Corte constitucionalmente tiene iniciativa para presentar modificaciones de ley. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que cambiar algo que ellos no plantean cambiar?

La urgencia de esta maniobra legislativa no es casual. Se produce en un momento crítico, justo cuando el pleno de la Corte debe definir la acción de inconstitucionalidad presentada por Kattya, eyectada de la cámara alta por una mayoría cartista. Su caso es percibido como una venganza política y una violación al mandato popular, y la misma mayoría que la destituyó ahora busca influir en el tribunal que debe resolver su destino.

Ante este panorama, las voces críticas alzaron la bandera de la transparencia. El senador Rafael Filizzola puso el dedo en la llaga al cuestionar la propia legitimidad de la iniciativa. "A mí me llama la atención que el proyecto tiene iniciativa parlamentaria cuando la Corte constitucionalmente tiene iniciativa para presentar modificaciones de ley. Entonces, ¿por qué nosotros tendríamos que cambiar algo que ellos no plantean cambiar?", se preguntó.

Kattya González.

Filizzola defendió el principio de publicidad de los votos. "Fíjense que hemos tenido ministros de la Corte muy controvertidos que han sido presidentes en el pasado y en muchos casos, y fueron elegidos con votos secretos, sin un procedimiento transparente y sin justificación pública", detalló.

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La postergación de dos semanas del proyecto no aminora la gravedad de la situación, sino que simplemente le otorga un respiro temporal al debate. Lo que está en juego en el Parlamento, apuntan desde la oposición, trasciende una mera disputa procedimental, ya que se trata de una definición fundamental sobre el carácter del sistema judicial.