Lalo Gomes
El JEM investigará a los fiscales que imputaron a Gomes, pero la familia podría pedir la destitución
La jugada corrió por cuenta del diputado Orlando Arévalo, miembro del órgano. La maniobra apunta a los fiscales Segovia, Cáceres y Cubilla y también al juez Legal.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estableció este miércoles un plazo para que el pleno pueda estudiar la posibilidad de empezar una investigación preliminar sobre el procedimiento que se llevó a cabo en la mañana del lunes en el domicilio del diputado Eulalio "Lalo" Gomes, quien murió luego de resistirse a la presencia policial. 

Desde el 18 de setiembre. los miembros podrán estudiar la causa, aunque dejan abierta la puerta para que la familia del legislador fallecido denuncie a los fiscales y jueces implicados. El pedido fue presentado por el diputado cartista Orlando Arévalo, quien ayer martes había salido de la reunión de bancada de Honor Colorado para anticipar que recurrirían al órgano extrapoder para sancionar a los fiscales y magistrados involucrados en la imputación a Gomes y su hijo Alexandre.

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De la sesión del JEM participaron su presidenta, Alicia Pucheta, los diputados Arévalo y Alejandro Aguilera, ambos cartistas, los senadores Mario Varela y Derlis Maidana, también del cartismo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y César Garay, y el representante de los abogados, Enrique Berni.

Santiago Peña junto a Alicia Pucheta, presidenta del JEM. 

En el artículo 18 de la Ley 6.814 se establece que el litigante o profesional afectado (en este caso sería Óscar Tuma, abogado de la familia Gomes) que pretenda iniciar un enjuiciamiento ante el JEM deberá presentar su acusación particular personalmente o por simple carta poder a un abogado matriculado o de un defensor público que lo haya acompañado durante el juicio del cual deriva la acusación. El caso con Gomes es que su imputación se dio post mortem tras el fatal operativo. 

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El artículo dice, además, que "cuando el hecho casual de enjuiciamiento resulte grave, notorio o, por su naturaleza, afecte el interés público o social, luego de transcurrido el plazo de diez días hábiles del mismo, y si el litigante o profesional afectado no haya formulado acusación alguna ante el Jurado, la cámara de Senadores, la cámara de Diputados, la Defensoría del Pueblo y/o la Fiscalía General del Estado podrán asumir el rol de acusador dentro del plazo de los 10 días hábiles posteriores al cumplimiento de aquel".

Tuma adelantó que consideraban el procedimiento de irregular y que los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla debían ser apartados. La familia del diputado mencionó que el juez que ordenó el allanamiento, Osmar Legal, también tenía que ser sancionado

A su vez, la ley permite que, en el caso de que los órganos constitucionales citados no asumieran el rol de acusador dentro del plazo de 10 días, el JEM, dentro de los diez días hábiles posteriores y por voto coincidente de seis de sus miembros, podrá iniciar de oficio una investigación preliminar previa o inclusive el enjuiciamiento.

El juez Osmar Legal. 

Utilizando el segundo párrafo del artículo, los miembros dejaron abierta la posibilidad de que la familia de Gomes presente un pedido de investigación. Desde su cuenta oficial de X, el abogado del clan, Tuma, adelantó que consideraban el procedimiento de irregular y que los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla debían ser apartados. De hecho, los Gomes presentaron una denuncia penal (sin nombrar a personas expresamente) ante la Fiscalía de Pedro Juan Cabellero por homicidio doloso.

Igualmente, la familia del diputado mencionó que el juez que ordenó el allanamiento, Osmar Legal, también tenía que ser sancionado. Aparte de la familia, la cámara de Diputados, casi en su totalidad, aprobó un proyecto de resolución para pedir la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, y la destitución del fiscal general Emiliano Rolón. 

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La cámara baja también puede pedir vía resolución el inicio de una investigación preliminar. Con esta jugada en el JEM, Arévalo busca sintonizar con sus compañeros que rechazan la posición más institucional del gobierno de Santiago Peña. No es un detalle menor que el pedido haya entrado al Jurado mientras el Senado estaba en plena sesión reservada para escuchar las explicaciones de Riera, Benítez y Rolón. 

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