El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) adjudicó dos contratos millonarios a la empresa Amaral & Asociados, denunciada en el caso de la "mafia de los pagarés". El monto total del contrato es de G. 232 millones, por el servicio de "asesoría jurídica para contrataciones públicas".

El caso se remonta a 2020, cuando la directora del INTN, Lira Giménez, logró una autoasignación retroactiva de más de G. 18 millones, posteriormente denunciada ante la entonces Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios. La maniobra desembocó en la destitución de Giménez al año siguiente, durante la presidencia de Mario Abdo Benítez.

Denuncian un supuesto direccionamiento en una licitación para insumos clave del INTN 

Tras la asunción de Santiago Peña en agosto de 2023, Giménez fue reintegrada a su cargo de directora, cuando se dio inicio a una serie de "recompensas" financieras a quienes facilitaron el desembolso irregular de los G. 18 millones que motivó su salida, según aseguró a este medio una fuenta que trabajó en el organismo.

De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso LPO, como principal protagonista de esta trama aparece el abogado Mateo Llano Martínez, quien en el año 2020, y como funcionario de la Dirección de Asesoría Jurídica del INTN, emitió un dictamen favorable que blindó legalmente el polémico pago retroactivo a Giménez.

Los favores del abogado a la directora del INTN valieron para la contratación directa de Amaral & Asociados, donde Mateo Llano Martínez aparece como propietario. El estudio jurídico fue beneficiado con dos contratos, uno por valor de G. 123.200.000 y otro por G. 109.200.000, totalizando G. 232.400.000

Los favores del abogado a la directora del INTN valieron para la contratación directa de Amaral & Asociados, donde Mateo Llano Martínez aparece como propietario. El estudio jurídico fue beneficiado con dos contratos, uno por valor de G. 123.200.000 y otro por G. 109.200.000, totalizando G. 232.400.000.

A pesar de la denuncia contra Amaral & Asociados en el escandaloso caso de la "mafia de los pagarés", Giménez benefició con una adjudicación directa a la empresa con dos millonarios contratos, según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Agustín Encina.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Otro beneficiario clave es Ricardo Ramírez, quien en 2020 fue designado estratégicamente por Giménez como director general sustituto por solo unos días, pero los suficientes como para que firmara la resolución 658, que autorizaba formalmente el pago irregular de los G. 18 millones a la directora.

El favor de Ramírez fue saldado al acogerse a la jubilación, percibiendo un pago de G. 50 millones en diciembre de 2024, una suma notablemente superior y con privilegios evidentes en su cálculo respecto al resto de los funcionarios que se retiraron ese mismo año, lo que podría constituirse un uso indebido de los recursos del Estado para fines personales.

Denuncian un supuesto direccionamiento en una licitación para insumos clave del INTN 

Recientemente, el INTN fue blanco de críticas por la denuncia de un supuesto direccionamiento de una licitación para la compra de precintos, un insumo clave para los controles, por un monto total de G. 1.699.997.720. La empresa adjudicada fue Compañía de Seguridad Integral (Comsi), que se había registrado como proveedora del Estado 72 horas antes de la apertura de las ofertas.

Además, otra denuncia recayó sobre Giménez por un despilfarro de fondos públicos, tráfico de influencias y una reestructuración institucional que solo beneficia a un círculo de amigos comisionados del Instituto de Previsión Social (IPS), especialmente por millonarios cobros en concepto de viáticos y jugosos salarios a los funcionarios leales.