Samuel Tadeo Rojas Caballero, hijo del ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, sería nombrado como nuevo procurador general de la República. La designación sería una suerte de "regalo de cumpleaños" para el joven -quien cumplió 35 años el pasado 21 de febrero-, para ocupar un cargo que hasta el momento sigue en manos de un interino.

Rojas Caballero no es ajeno a los cargos públicos en la actual administración. Ingresó como director del Gabinete Civil de la Presidencia y actualmente se desempeña como director de Decretos, un puesto de alto rango en la estructura del Ejecutivo. De concretarse su llegada a la Procuraduría General, reemplazaría a Marco Aurelio González, quien dejó el cargo para integrarse al directorio del Banco Central del Paraguay.

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Tras la salida de González, la Procuraduría permanece a cargo de un "encargado de despacho", Rubén Eligio Gaona Gaona. Pero esa figura está prevista en la ley solo para situaciones de vacancia temporal, no definitiva, por lo que Marco Aurelio fue acusado de emplearla de manera forzada para "congelar" el puesto hasta que estuvieran dadas las condiciones políticas para nombrar a Rojas Caballero.

El presidente Santiago Peña es quien tiene la potestad de designar al procurador, pero en este caso se optó por un nombramiento interno que se percibe como un "atajo" legal.

Marco Aurelio González.

Pero Marco Aurelio acumula cuestionamientos. Además de su nuevo rol en el BCP, el exprocurador mantiene su cargo como vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), lo que resulta incompatible con la dedicación exclusiva que requiere una posición en el directorio del Banco Central, según varios juristas.

A esto se suma que ya suena como uno de los candidatos a decano de Derecho, lo que acrecentaría el conflicto de intereses. González fue señalado también por su cercanía con el exmiembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso, sancionado por el gobierno de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.

Rojas Caballero ingresó como director del Gabinete Civil de la Presidencia y actualmente se desempeña como director de Decretos, un puesto de alto rango en la estructura del Ejecutivo

La polémica se extiende al entorno familiar del exprocurador. Su hermano, José González Maldonado, asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), estuvo en la mira por el abrupto incremento de su patrimonio. Según sus declaraciones juradas, pasó de tener G. 276 millones en setiembre de 2023 a G. 870 millones en febrero de 2025, un aumento de más del 200% en poco más de un año.

Tadeo Rojas y Santiago Peña.

Ante las sospechas, González Maldonado salió a explicar que el crecimiento patrimonial se debió a la regulación de honorarios por juicios ganados. "La Ley 2796/2005 permite a los asesores jurídicos y auxiliares de Justicia justipreciar sus honorarios", afirmó. El hermano de Marco Aurelio aclaró que el IPS no le abonó directamente, sino que el dinero provino de un acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano tras un juicio ganado en todas las instancias.

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González Maldonado detalló que en 2024 la empresa pagó al IPS G. 7.500 millones y en 2025 otros G. 1.900 millones, y que el honorario fue aprobado por el Consejo de Administración de la previsional. Su justificación, sin embargo, no alcanzó para calmar las críticas de sectores que ven en estas operaciones una falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El caso expone, una vez más, las prácticas de designación de funcionarios en altas esferas del Estado, donde los lazos familiares y políticos parecen pesar más. La decisión final quedará en manos del presidente, quien tiene como uno de sus ministros más activos a Tadeo Rojas, al frente de Hambre Cero y las medidas sociales del Gobierno.