El juez Miguel Palacios dispuso de oficio la prisión de Reinaldo Javier "Cucho" Cabaña, el exdiputado Ulises Quintana y Hugo Martín Ríos, con el objetivo de asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar del caso Berilo, fijada para el 5 de marzo. La decisión se adoptó ante reiteradas maniobras dilatorias de las defensas, que según el magistrado evidencian una falta de voluntad de someterse al proceso.

Hasta la resolución de este martes, Cabaña cumplía arresto domiciliario -desde septiembre de 2023- por compurgar la pena mínima. Ríos y Quintana se encontraban con libertad ambulatoria tras haber permanecido alrededor de diez meses en prisión en Viñas Cué. Esa situación se había definido luego de que una jueza revocara la prisión preventiva en julio de 2019, imponiendo una fianza real de G. 460 millones, medida que fue posteriormente apelada por el Ministerio Público.

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La fiscal Lorena Ledesma, a cargo de la causa, sostuvo que los planteamientos defensivos prolongaron indebidamente el trámite y justificaban la adopción de medidas más severas para garantizar la audiencia preliminar sin sobresaltos. En ese marco, el juez Palacios consideró necesaria la prisión para evitar nuevas dilaciones.

La fiscal Lorena Ledesma sostuvo que los planteamientos defensivos prolongaron indebidamente el trámite y justifican la adopción de medidas más severas para garantizar la audiencia preliminar. Palacios consideró necesaria la prisión para evitar nuevas dilaciones

En paralelo, a comienzos de este año, la Policía detuvo en Colombia a Néncer Alfonso Ramírez Lozano, señalado como uno de los principales socios de Cabaña. El ministro del Interior, Enrique Riera, había asegurado que el detenido era un coordinador clave en el ocultamiento y envío de sustancias ilícitas, y que dentro de la estructura criminal era considerado el sucesor operativo de Cucho.

El operativo Berilo cobró notoriedad pública en 2018, cuando el Ministerio Público, bajo la conducción de Ledesma, desplegó una serie de allanamientos que derivaron en el procesamiento de unas 30 personas, entre ellas el entonces diputado Ulises Quintana. La pesquisa reconstruyó una estructura dedicada al tráfico de cocaína liderada por Cabaña, con ramificaciones que vinculaban Ciudad del Este, Asunción y la frontera con Brasil.

Ulises Quintana, en una foto de archivo. 

Gentileza La Nación

Según los fiscales, la organización habría realizado envíos de dinero desde Ciudad del Este a la capital para asegurar el tránsito de cargamentos de droga hacia territorio brasileño. El cruce de información permitió establecer que el 1 de septiembre de 2018, en Brasil, fueron incautados 55 kilos de cocaína que Cucho habría comercializado por USD 190.000, una suma que coincidía con un pago previamente ordenado dentro de la estructura criminal.

La investigación avanzó con la detención de Diego Medina Otazú, señalado como mano derecha de Cucho, quien transportaba el dinero producto de la operación. Medina fue interceptado e interrogado en Nueva Londres, Caaguazú, punto que resultó clave para exponer los nexos políticos del esquema.

De acuerdo con la acusación, fue en ese momento cuando la organización recurrió a Quintana para facilitar la liberación de Medina y permitir que la transacción se completara. Conversaciones telefónicas entre Medina y Cucho, y posteriormente entre Cucho y Quintana, salieron a la luz y se convirtieron en piezas centrales del expediente, derivando en la imputación y posterior proceso penal del entonces legislador.

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Ledesma también sostuvo que Quintana habría recibido aportes económicos de Cucho para financiar su campaña con miras a ingresar a la Cámara de Diputados por Alto Paraná, extremo que el exparlamentario negó durante el juicio. Quintana fue desaforado, cumplió prisión preventiva y, tras recuperar su libertad, volvió a ocupar su banca en 2019. En el plano internacional, Quintana figura para el Gobierno de Estados Unidos como un actor "significativamente corrupto".