Los rumores de destitución del ministro Enrique Riera y la presión de sectores internos de la Policía Nacional para que el presidente Santiago Peña designe a Carlos Benítez como nuevo titular de la cartera de seguridad han generado un clima de descontrol que hoy coloca a la oficina de Interpol en el centro de las denuncias.

Según gestores y fuentes de la Presidencia, la dependencia se habría convertido en un supuesto "feudo de facturación", donde suboficiales tendrían la capacidad de acelerar o encajonar pedidos de certificados para extranjeros.

De acuerdo con las denuncias, entre 400 y 500 solicitudes de certificados de antecedentes ingresan diariamente. Sin embargo, solo alrededor del 20% de esos trámites serían formalmente registrados en cuentas del Banco Nacional de Fomento (BNF), sin posibilidad de verificación efectiva, ya que Interpol no emite facturas, sino únicamente recibos.

Las fuentes sostienen que gran parte de los pedidos son "gestionados" por suboficiales que operan como intermediarios informales.

La Policía empuja a Benítez para ministro y acelera la salida de Riera

Los reclamos apuntan directamente a la suboficial Cinthia Ramírez, señalada como mano derecha del jefe de gabinete, el comisario Virgilio Chávez.

"La Interpol dejó de ser un departamento policial de alto perfil para convertirse en un feudo pro bolsillo. La suboficial actúa como verificadora de los certificados y es quien cobra para agilizar la salida de expedientes. Esto no puede seguir. Hace desaparecer documentos de quienes no trabajan con ella", afirmó una alta fuente de la Comandancia al tanto de las denuncias. 

La Interpol dejó de ser un departamento policial de alto perfil para convertirse en un feudo pro bolsillo. La suboficial actúa como verificadora de los certificados y es quien cobra para agilizar la salida de expedientes. Esto no puede seguir. Hace desaparecer documentos de quienes no trabajan con ella

A esto se suman cuestionamientos por la demora en la firma de documentos, responsabilidad del comisario Chávez. Según fuentes internas, el esquema podría estar generando una recaudación cercana a los 30 millones de guaraníes diarios.

Carlos Benítez. 

Gentileza

Ante este escenario, se solicita a la Comandancia una auditoría para esclarecer el manejo financiero de la oficina.

Meses atrás, LPO ya había expuesto este presunto esquema. En aquel momento, las autoridades de la dependencia, encabezadas por el comisario Julio Maldonado, rechazaron las acusaciones y calificaron la información de "falsa", atribuyéndola a sectores que buscan frenar medidas de transparencia.

"Es una falacia que busca golpear los controles que estamos implementando. Tengo 29 años de carrera y no los voy a tirar por la borda con prácticas fuera de la ley", aseguró Maldonado.

Sin embargo, pese a esas aclaraciones, las denuncias continúan repitiéndose por parte de gestores y usuarios, quienes insisten en la necesidad de una auditoría financiera.