La cámara de apelaciones especializada en delitos económicos no le dio curso al pedido de la defensa del exministro Ramón Jiménez Gaona para frenar el proceso abierto por lesión de confianza. Los abogados habían presentaron una acción de inconstitucionalidad, pero los camaristas resolvieron que la causa por el fallido proyecto del metrobús debe seguir y ahora el extitular de Obras Públicas de Horacio Cartes podrá ir a juicio oral.

Jiménez Gaona, su exnúmero dos en el MOPC, Marta Benítez Morínigo, y Guillermo Alcaraz, al frente del proyecto, están imputados por el fracaso del metrobús, que generó una pérdida para el Estado de US$ 25 millones e introdujo a Paraguay en un artbitraje internacional contra la constratista portuguesa Mota Engil, que busca el pago de otros US$ 10 millones por la rescisión unilateral del contrato de adjudicación.

A punto de prescribir el caso Metrobús, Estefanía González acusa a Jiménez Gaona por lesión de confianza

Luego de mucho tiempo, la Fiscalía movió el caso, tras la denuncia de los abogados Jorge Rolón Luna, Wilfrido Fernández y el arquitecto Ricardo Meyer, siendo que tenía que haber actuado de oficio. Según indicaron a LPO fuentes próximas a la cauasa, el caso del metrobús no solamente implica a los actuales imputados, sino también a abogados que trabajaron de cerca en ese tiempo con el MOPC durante el gobierno de Cartes, y que supuestamente operaron para que Mota Engil fuera la empresa contratada para hacer la obra.

La fiscal Estefanía González. 

Estas personas serían las que se quedaron con una tajada mayor y ni siquiera están en la mira del Ministerio Público por las conexiones que poseen. La fiscal Estefanía González es la titular de la causa e incluyó en su imputación el incumplimiento de los objetivos del proyecto y las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de las obras.

Según indicaron a LPO fuentes próximas a la cauasa, el caso del metrobús no solamente implica a los actuales imputados, sino también a abogados que trabajaron de cerca con el MOPC durante el gobierno de Cartes y que supuestamente operaron para que Mota Engil fuera la empresa contratada para hacer la obra

En 2018 se dio el cese de los trabajos por parte de la empresa contratista, pero en la imputación se sostiene que no se contaba con autorización de las municipalidades de San Lorenzo y Asunción para que la compañía avanzara.

Sin embargo, Mota Entil inició las obras sin contar con el diseño de ingeniería y sin documentos de correcciones. Otro aspecto que incidió en el fracaso fue que el trayecto del metrobús no consiguió la aprobación del estudio hidrológico y la obra se infló en torno a los G. 5.000 millones. Ese dinero, en teoría, fue directamente a los bolsillos de operadores que hasta ahora no están procesados.