A Ultranza
El PCC casi logra la liberación de brasileños al servicio de Marset con un oficio falso
Con una orden judicial falsa, cinco miembros del grupo criminal intentaron salir del Penal de Villarrica con el aval de sus autoridades. La Policía frustró la liberación.

Cinco brasileños, supuestos integrantes del Primer Comando da Capital (PCC), que fueron detenidos en febrero del año pasado en la operación Halcón 3, casi fueron liberados en la noche del viernes de la penitenciaría regional de Villarrica, mediante la presentación de un falso oficio judicial.

Se trata de Bruno Wesley Borges Amador, Glauber Fernández Dubal, Jonathan Da Silva Brum, Adalberto Ribeiro Machado y Rhuan Da Silva Aires, quienes fueron hallados hace casi un año en una pista de aterrizaje clandestina y un hangar en la estancia Allaité, ubicada a 58 kilómetros del distrito de Lagerenza, Bahía Negra, en el Alto Paraguay, a apenas 25 kilómetros de la frontera con Bolivia.

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En el lugar se habían encontrado además dos fusiles calibre 7.62 de la marca Colt y una avioneta Cessna 210, con una matrícula que correspondía a un helicóptero. En su interior se detectaron restos de cocaína y dos de los detenidos confesaron que apenas horas antes habían traído un cargamento de a droga proveniente de Bolivia.

En horas de la noche de viernes un abogado, identificado como Miguel Céspedes, se presentó a la penitenciaria con un supuesto oficio judicial del Juez Penal de Sentencias N.° 3 de Feria de la Circunscripción Judicial de Central, Lilian Rosaura Flores Negri, en la que la magistrada resolvía dispone la libertad inmediata de los brasileños

El sitio, conocido como El Codo, estaba catalogado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), como la principal base de operaciones de la organización internacional dedicada al tráfico internacional de cocaína, liderada por Sebastián Marset y de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias tío Rico.

Sebastián Marset, en el centro de la imagen. 

Informes de inteligencia de la SIU Senad, contenidos en el expediente de A Ultranza PY señalan que el lugar era manejado por Gilberto Esteban Sandoval Giménez, piloto paraguayo y mano derecha de los capos. Tras la ejecución de A Ultranza, El Codo habría sido reactivado por los detenidos, por encargo del PCC.

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En horas de la noche de viernes un abogado, identificado como Miguel Céspedes, se presentó a la penitenciaria con un supuesto oficio judicial del Juez Penal de Sentencias N.° 3 de Feria de la Circunscripción Judicial de Central, Lilian Rosaura Flores Negri, en la que la magistrada resolvía dispone la libertad inmediata de los brasileños.

El documento fue rápidamente acatado por el director del Penal, Denis Remigio Caballero y de su jefe de área Judicial, de nombre Luis Marecos, quienes dieron trámite a la salida de los internos y comunicaron de esto a la Policía del Departamento

El supuesto oficio establecía además reglas de conducta que debían cumplir los detenidos y llevaba la firma y sello de la magistrada y de su actuaria judicial, quienes posteriormente negaron haberlo hecho. A la sospechosa hora en la que se presentaba la supuesta orden, se sumaban otras irregularidades, como el nombre del abogado, escrito a mano sobre un borrón de corrector de color blanco.

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Pero pese a estas circunstancias, el documento fue rápidamente acatado por el director del Penal, Denis Remigio Caballero y de su jefe de área Judicial, de nombre Luis Marecos, quienes dieron trámite a la salida de los internos y comunicaron de esto a la Policía del Departamento. A las 9 de la noche los cinco narcos brasileños fueron llevados a Departamento Judicial de la Policía de Villarrica, donde los agentes evitaron la fuga.

Ante las evidentes inconsistencias, el comisario Walter Molinas,de Asunción, logró, luego de unas llamadas, lograron desmontar la farsa. Otro hecho llamativo es que, recién en la madrugada del sábado, luego de que se frenara la salida, el hecho fue comunicado por el director del penal al viceministro de Política Crimina, Víctor Benítez, y por mensaje de WhatsApp. Al constatarse la falsedad de las firmas de la jueza y la actuaria, el supuesto abogado que había presentado el escrito ya había desaparecido.

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