La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió este jueves su último informe, en el que advirtió sobre la infiltración sistémica del crimen organizado en las estructuras del Estado paraguayo.
Este fenómeno, aunque no es nuevo, erosionó gravemente la independencia judicial y la integridad de la polÃtica nacional, advierte el informe que también evidencia una captura institucional que compromete seriamente la seguridad del Estado.
Para la comisión, "los niveles de violencia e impunidad se mantienen elevados, en un contexto de denuncias de corrupción estatal" y advierten que "persisten redes de tráfico de armas, asà como asesinatos y ataques contra periodistas, especialmente en zonas fronterizas".
En ese marco, agregan que "la presencia e influencia de las facciones PCC y Clan Rotela en Paraguay, con impactos sobre la seguridad pública, la corrupción y el control penitenciario".
La CIDH señala que "la infiltración de redes del narcotráfico en la FiscalÃa y en el ámbito polÃtico, ha interferido en investigaciones y favorecido la impunidad. A su vez, la influencia del narcotráfico en comunidades con baja presencia estatal, deterioro de servicios y limitada respuesta policial. Estas redes criminales interfieren directamente en investigaciones clave para garantizar su impunidad y permanencia.
Como ejemplo, el informe cita textualmente el caso emblemático del exfiscal antidrogas y exviceministro de PolÃtica Criminal Hugo Volpe, condenado a tres años de cárcel por haber favorecido al narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
En el Congreso Nacional, la influencia del narcotráfico alcanzó su nivel más elevado con el caso del senador Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por lavado proveniente del narcotráfico. La fiscalÃa demostró su complicidad con una red internacional de narcotráfico liderada por Sebastián Marset y Miguel Insfrán.
Según la Justicia, el legislador proporcionó soporte logÃstico fundamental mediante el préstamo de su aeronave privada para que la organización criminal mantuviera su operatividad tras perder su propia flota en operativos policiales.
Otra figura polÃtica ligada al crimen organizado fue el fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gómez, abatido por la PolicÃa en agosto de 2024 durante un allanamiento a su residencia en Pedro Juan Caballero. El procedimiento se dio en el marco del operativo Pavo Real II, por el presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico.
El caso más reciente que vincula a polÃticos con el crimen organizado es el de Ariel Arce Rotela, intendente de Mayor MartÃnez. El lÃder de comunal colorado cartista es sospechoso de pagar sumas millonarias para desaparecer expedientes judiciales sobre tráfico de drogas.
Informes periodÃsticos de argentina señalan que Arce Rotela habrÃa ocultado al narco argentino "Morenita" MarÃn en su zona. Estos vÃnculos locales facilitan el control territorial de las mafias en las regiones fronterizas.
La comisión subraya además que el crimen organizado controla la gobernanza interna de las cárceles. Grupos como el PCC y el Clan Rotela dictan las normas dentro del sistema penitenciario. Esta situación permite coordinar actividades ilÃcitas con total libertad y complicidad oficial.
La CIDH denuncia que el Estado ha disminuido su presencia en las zonas fronterizas, facilitando el tráfico de armas, la violencia contra periodistas que investigan la corrupción y la impunidad en la mayorÃa de los ataques contra la prensa independiente.
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