La Justicia decidió reagendar el juicio oral y público contra el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, que debía arrancar este lunes. El también extitular de la Senad durante el gobierno de Mario Abdo Benítez enfrenta una acusación por supuesta coima (cohecho pasivo agravado) de parte del supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.

Por decisión del Tribunal de Sentencias presidido por Adriana Planás e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres, el juicio se pospuso para el próximo 18 de noviembre. Giuzzio había sido acusado en agosto pasado y se expone a una pena máxima de 5 años, pero la medición de la pena, en caso de ser encontrado culpable, dependerá del Tribunal de Sentencia.

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En la hipótesis del Ministerio Público se señala que Vinicius habría realizado reparaciones a vehículos oficiales e incluso favores personales al exfuncionario a cambio de una "mano" para que sus empresas Black Eagle Group S.A. y Ombú S.A., dedicadas al blindaje de automóviles, participaran y ganaran licitaciones.

En julio de 2021, cuando Giuzzio se desempeñaba como ministro del Interior, habría mantenido contacto personal y una fluida comunicación con el presunto narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua

En ese sentido, los fiscales de delitos económicos y anticorrupción Jorge Arce y Diego Arzamendia, aseguran en su acusación presentada en agosto, que en 2021, cuando Giuzzio estaba al frente de Interior, supuestamente tuvo contacto personal y una fluida comunicación con Espíndola Marques de Padua, de quien habría recibido "cortesías" como servicios de reparación y blindado de vehículos de la cartera, así como de patrulleras.

Giuzzio con Marcus Vinicius Espiándola Marques de Padua. 

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El señalamiento más grave es que en diciembre de 2021, todavía en el cargo, Giuzzio y su familia habrían salido de vacaciones a Brasil en una camioneta Kia Carnival blindada, registrada a nombre de Ombú S.A. y que era de uso personal de la esposa de Vinicius, Jussara Cabral, su vez accionista de Tabacalera del Este (Tabesa), empresa vinculada al expresidente Horacio Cartes.

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Entre las comunicaciones entre ambos, la Fiscalía señala que en enero de 2022, Giuzzio habría comunicado a Vinicius la culminación de sus vacaciones para el retiro de la camioneta de la casa del ministro. La última conversación entre ambos data de la noche del 14 de febrero de 2022, horas antes de la ejecución del operativo Turf en Hernandarias, en el que los blancos eran Lindomar Reges Furtado y el propio Marcus Vinicius Espíndola, detenido en Río de Janeiro como parte de otro operativo denominado Britum.

En diciembre de 2021, todavía en el cargo, Giuzzio y su familia habrían salido de vacaciones al brasil con una camioneta Kia Carnival blindada, registrada a nombre de Ombú S.A. y que era de uso personal de la esposa de Vinicius, Jussara Cabral, quien es a su vez, accionista de Tabesa

En cuanto a su cómplice, Lindomar Reges Furtado, se fugó del Paraná Country Club de Hernandarias en una camioneta propiedad de Tabesa. El que era considerado entonces como el narcotraficante más buscado por la Policía Federal de Brasil estuvo a 45 segundos de ser capturado por la comitiva fiscal que ingresó al country.

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En su defensa y desde el inicio del proceso, que inició en agosto de 2022 con el allanamiento de su casa, Giuzzio aseguró ser víctima de una vendetta política del cartismo: el ministro había sido el promotor de una denuncia contra Cartes a quien vinculó a un presunto esquema de contrabando y lavado de dinero. El abdista había calificado incluso al exmandatario de "cabeza del crimen organizado" en Paraguay.

Esto se suma a una exposición que había hecho ante el Senado en 2014, en pleno gobierno de Cartes, cuando ejercía como senador, en el que acusó a políticos colorados de tener relación con el narco. Entre ellos había mencionado al actual gobernador de San Pedro, Freddy D'Ecclesiis, a los exdiputados Marcial Lezcano, Bernardo Villalba, Carlos Chicharo Sánchez (más tarde asesinado) y Alicia González de Saiz, exintendenta de Nueva Germania, en San Pedro.

Sus abogados vienen señalando una serie de irregularidades desde el allanamiento en el que, habían señalado, la Fiscalía se llevó una serie de documentos que nada tenían que ver con el caso. Incluso describieron el secuestro de dispositivos electrónicos sobre los cuales se desconoce si fueron o no lperitados. Hablaron de violación a la defensa, como negativa a entregar copias de la carpeta fiscal, diligencias a sus espaldas, entre otros manejos que denunciaron durante el proceso y que buscarán que pesen a la hora de la sentencia.